Debe evitarse el excesivo ritualismo si está en juego la salud de una persona con discapacidad

Camaristas revocaron parcialmente el decreto de un juez por considerar que incurría en formalismo teniendo en miras el estado vegetativo en que se encuentra un joven

En el momento de resolver cuestiones vinculadas con el derecho a la salud de personas con alguna discapacidad, los magistrados deben evitar el excesivo ritual manifiesto y, por el contrario, tienen que adoptar una perspectiva centrada en la vulnerabilidad del afectado. Así lo destacó la Cámara 5.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial al resolver que, en el juicio de limitación de la capacidad de un joven que se encuentra en estado vegetativo a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en marzo de este año, un juez debía autorizar judicialmente al padre del damnificado –en su carácter de curador provisorio- a suscribir un acuerdo en el proceso por daños y perjuicios que en forma paralela se lleva a cabo.

“Aplicando el principio de que los jueces deben resolver con ‘perspectiva de vulnerabilidad’, consideramos que no debe primar el exceso de formalismo; y, sin perjuicio de que la parte recurrente no se haya agraviado en forma expresa con relación al rechazo del pedido de autorización, debe entenderse esto como una consecuencia necesaria de haber impreso trámite al de la limitación de incapacidad”. Esto aseguraron los vocales Rafael Aranda, Claudia Zalazar y Joaquín Ferrer.

Los camaristas hicieron lugar al recurso de apelación en subsidio –del de reposición- formulado por el curador provisorio contra la parte del decreto por medio de la cual el Juzgado de 12.º Nominación del mismo fuero había rechazado el pedido de aquel por considerar que lo demandado excedía el marco de la designación como curador provisional. Asimismo, el juez, al desestimar la reposición contra el decreto, esgrimía que el recurrente no había manifestado en qué lo agraviaba la decisión.

De acuerdo con los camaristas, “de ninguna manera puede considerarse que dicho pedido excedía el ámbito de conocimiento del juez que lleva a cabo el juicio de limitación o restricción a la capacidad y que, además, es el que ha designado el curador provisional de la persona cuyos derechos se deben amparar”.

En doble estado de vulnerabilidad
En el mismo sentido, los camaristas subrayaron: “Realizando una interpretación sistémica de lo sucedido, de confirmarse la parte del decreto que alude al exceso del pedido de autorización para este trámite –insistimos en que hoy sería el pedido de limitación a la incapacidad- implicaría una denegación de justicia y una desprotección para el Sr. L. A., quien se encuentra en un doble estado de vulnerabilidad, frente a su estado delicado de salud y teniendo en trámite un pedido de restricción a la capacidad”.

Los vocales insistieron en que, de conformidad con lo dispuesto por las normas sustanciales y procesales, resulta claro “el art. 34 del Código Civil y Comercial (CCC) cuando prescribe que, durante el proceso de limitación de la capacidad, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona y, con mayor razón si dicha persona se encuentra en un estado muy delicado de salud”.

Medidas conducentes, sin dilaciones
Por otra parte, los camaristas tuvieron en miras que, si bien el padre del Sr. A. ha sido designado hasta el presente como curador provisorio o especial “a los fines de la representación provisoria en juicios o procesos con contenido patrimonial”, la urgencia del tema “obliga a tomar las medidas conducentes que no pueden esperar el nombramiento de aquel con carácter de definitivo, en caso de corresponder”.

Como consecuencia, de acuerdo con el tribunal, “resulta obvio que la urgencia de algunos reclamos hace que las vías procesales deban ser más expeditas y, por lo tanto, con escaso margen de formalidad; más aún si la necesidad surge desde el comienzo como inmediata”.

Conceden la autorización solicitada
Por todo lo expuesto, y sumado al interés de la defensora complementaria de que se otorgue de manera urgente la autorización solicitada por el curador provisorio para poder suscribir el acuerdo transaccional, la Cámara revocó el decreto en la parte pertinente, por lo que el juez (competente para entender en el juicio de limitación de la capacidad) deberá otorgar la autorización judicial al Sr. R. A. a los fines de que suscriba el acuerdo al que se llegó en el proceso de daños y perjuicios, conjuntamente con la Asesora Letrada, que interviene como representante complementaria. Asimismo, el magistrado tendrá que disponer la apertura de una cuenta judicial para que el dinero de dicho acuerdo, correspondiente al Sr. L. A., sea depositado a la orden del mismo juez.

En todo momento, y partiendo de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” y demás tratados internacionales suscriptos por la Argentina, los camaristas esgrimieron que “el llamado ‘acceso a la justicia’ no se consuma con el solo ingreso de la causa al Poder Judicial, sino con una respuesta rápida y eficiente por parte de dicho poder, que solucione a ese ciudadano las falencias que el sistema les genera; y que obviamente garantice la ‘tutela efectiva de ese derecho que ha sido vulnerado’”.

Fecha: 6 de septiembre de 2017.
Causa: “A., L. E. – Demanda de limitación de capacidad - Cuerpo de copia”.