Ratifican la ordenanza que regula el uso de pirotecnia en Río Cuarto

Declararon inadmisible la acción de amparo promovida por comerciantes contra la norma, que solo autoriza la venta de fuegos de artificio lumínicos para espectáculos autorizados

En principio, la ordenanza n.º 645/17, que regula en Río Cuarto el almacenamiento y comercialización de fuegos de artificio lumínicos para espectáculos autorizados, no luce “ostensible o manifiestamente arbitraria o ilegítima”, sino más bien como el resultado del amplio “ejercicio del poder de policía que las constituciones provincial y nacional acuerdan a los entes municipales”; en este caso, para “proteger la salud de la población, el medio ambiente y a los animales”. Así lo resolvió la Cámara de 2.º Nominación en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto.

El tribunal declaró inadmisible la acción de amparo promovida por un grupo de ocho comerciantes contra la Municipalidad de Río Cuarto que perseguía como fin la declaración de inconstitucionalidad de la norma, que prohíbe la fabricación, almacenamiento y comercialización (mayorista o minorista) de artificios pirotécnicos, pero que permite la venta de fuegos de artificio lumínicos para espectáculos públicos o privados.

Sin violación de derechos constitucionales
De acuerdo con los camaristas José María Herrán, Daniel Gaspar Mola y Carlos Alberto Lescano Zurro, para habilitar una vía como la del amparo, el acto que se impugna “debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien la promueve”, cosa que no se advierte en el presente caso.

En la misma dirección, los vocales esgrimieron que no podía “avizorarse una flagrante violación a norma constitucional alguna, por cuanto la demandada solo ha reglamentado de manera razonable una actividad que, en sí misma, entraña un riesgo cierto para la población en general”.

Protección de la salud y del medio ambiente
En la resolución se destaca que la ordenanza prohíbe la fabricación, almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos con “el propósito de proteger la salud de la población, el medio ambiente y los animales”. No obstante, luego admite –como excepciones- “la venta y almacenamiento de fuegos de artificio lumínicos en las condiciones exigidas”, en la medida en que sean destinados a espectáculos (públicos o privados) autorizados. Asimismo, la ordenanza enumera “los requisitos que deben reunir quienes tuvieran a cargo el comercio, almacenamiento o detonación de fuegos de artificio lumínicos en espectáculos autorizados”.

Los camaristas partieron de la premisa de que no hay derechos absolutos y de que los municipios gozan de amplias atribuciones para, en el ejercicio del denominado poder de policía, reglamentar el ejercicio de tales derechos. En el mismo sentido, recalcaron que dicha potestad reguladora, “para asumir validez constitucional, debe reconocer un principio de razonabilidad, que disipe toda iniquidad y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos”.

Razonabilidad
En la misma línea, los vocales concluyeron que, en la ordenanza en cuestión, se observaba una adecuada relación de proporcionalidad entre los medios dispuestos y el objetivo perseguido. “El texto normativo en el que se encuentra incluida la disposición, que regula el comercialización, almacenamiento y uso de fuegos de artificio lumínicos, sin duda, enmarca dentro del amplio poder de policía del que es titular la demandada, desde que procura la salvaguarda de materias que son de su competencia (salubridad, seguridad y medio ambiente), y no se observa ilegalidad alguna desde que aquélla ha sido dictada con sustento en las previsiones constitucionales locales que habilitan el ejercicio de la potestad reglamentaria de los citados entes comunales”, argumentaron.

Los camaristas subrayaron que “el análisis del mérito o eficacia del medio instituido por la disposición en cuestión para alcanzar el fin propuesto (seguridad pública) escapa a la competencia del Poder Judicial, al que solo le incumbe pronunciarse sobre la razonabilidad de aquél; esto es, sobre su proporcionalidad”.

Finalmente, en la sentencia se abordó el argumento de los comerciantes de que, en años anteriores, hubieran contado con habilitación para fabricar o vender pirotecnia. “Esto no puede considerarse como un derecho adquirido a continuar con esa explotación, ya que, si la hubieran tenido, esta no era de carácter absoluto, sino sujeta a la normativa que regulara la actividad”, concluyeron.

Fecha: 5 de diciembre de 2017.
Causa: “Campana, Lucas y otros c/Municipalidad de Río Cuarto –Amparo-”.