La acción para perseguir el cobro del saldo deudor de una cuenta corriente prescribe a los 5 años

El TSJ estableció que fijar un plazo de prescripción decenal sería incompatible con el presupuesto de que el usuario es la parte débil de la relación

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció que el plazo de prescripción que rige la acción destinada a perseguir el cobro del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria es de cinco años, por aplicación del artículo 790 del Código de Comercio. En el caso se trataba de una obligación surgida con anterioridad a la reforma introducida en 2008 a la Ley de Defensa del Consumidor.
Así lo dispuso la Sala Civil y Comercial del Alto Tribunal al rechazar el recurso de casación interpuesto por el Banco de la Provincia de Córdoba contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación, que, precisamente, había fijado en cinco años el término de la prescripción. El recurrente había esgrimido que esta solución contradecía el plazo de diez años (por aplicación del artículo 846 del Código de Comercio) estatuido en otra causa similar por la Cámara de 2ª Nominación del mismo fuero, lo que ameritaba una unificación hermenéutica, lo que procedió a concretar el TSJ.
En su voto, el vocal Carlos García Allocco aclaró que, en virtud de la prohibición de aplicar retroactivamente las leyes (artículo 3 del Código Civil), el caso, originado en 1995, no podía subsumirse en el artículo 50 de la Ley 24240, de Defensa del Consumidor (conforme a las modificaciones proyectadas en 2008 por la Ley 26.631), que fija un plazo breve de tres años y que prescribe que, si otras leyes previeran términos distintos, “se estará al más favorable al consumidor o usuario”. Como consecuencia, esgrimió que el plazo quinquenal resulta procedente, en primer lugar, por aplicación analógica de lo previsto por el artículo 790 del Código de Comercio para la cuenta corriente mercantil, figura con la que, más allá de su carácter de contrato autónomo, guarda estrecha relación la cuenta corriente bancaria.
Asimismo, el magistrado argumentó que, dados los “principios de máxima rapidez y celeridad” que deben regir el ámbito de las complejas transacciones mercantiles (en particular, las vinculadas al sistema financiero), surge la inconveniencia de recurrir a un plazo de prescripción excesivamente largo. “Aparece contrario al curso ordinario de las cosas que los bancos puedan tomarse el plazo residual del artículo 846 del Código de Comercio (por cierto, el más amplio que se conoce en las relaciones obligacionales entre acreedor y deudor) para actuar en consecuencia, e iniciar la acción correspondiente al cobro de un saldo deudor en una cuenta corriente bancaria. Ello iría en desmedro de la celeridad en el tráfico mercantil, principio recibido en materia comercial, y de la seguridad jurídica que debe primar en las relaciones entre acreedor y deudor (máxime en casos tan dinámicos como lo es el del sistema bancario)”, afirmó en el voto al que adhirieron los vocales Armando S. Andruet (h) y Domingo Sesin.
Por otra parte, el Dr. García Allocco destacó que no hay que perder de vista un criterio axiológico, en virtud del cual en “las relaciones negociales bilaterales con una parte fuerte y otra débil, debe procurar otorgarse una mayor protección a los derechos de esta última frente a los de aquélla, que es profesional de la actividad”; a lo que se suma la circunstancia de que “el contrato de cuenta corriente es de aquellos que se anudan mediante contratos de adhesión, donde, si bien la actividad se encuentra fuertemente reglada por la autoridad de control –Banco Central de la República Argentina-, es del tipo que se instrumenta mediante las condiciones generales que impone unilateralmente el banco mediante formularios preimpresos, sin que exista margen para la voluntad negocial”.
En el mismo sentido, y partiendo de que “el usuario o titular de la cuenta corriente es la parte débil de la relación, aserto que no necesita demostración”, el vocal del TSJ añadió que establecer un plazo decenal “llevaría a consagrar una suerte de ‘privilegio’ absurdo e inconcebible a favor del banco y en contra de la parte débil del contrato”. “Es que, mientras al cliente se le otorga un plazo de cinco años para accionar por revisión de la cuenta corriente bancaria, la entidad financiera contaría con un plazo equivalente al doble (diez años) para demandar el cobro por el saldo deudor, lo cual implica una situación que no guarda coherencia con la igualdad de tratamiento frente a circunstancias prácticamente análogas”, precisó.

Causa: “Banco de la Pcia. de Cba. C/Martinolli, Jorge E. y O. – Pres. Múltiple –Ejecutivos Part. – Rec. Apelac. – Rec. Casación (B 26/09)”.
Fecha: 16 de agosto de 2011.