Jurisprudencia Sala Electoral y de Competencia Originaria

ACCIÓN DE AMPARO – PROCEDENCIA – VÍA JUDICIAL MÁS IDÓNEA – CONCEPTUALIZACIÓN – SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN - DERECHO DEL VIUDO – CAMBIO DE LEGISLACIÓN – EFECTOS – OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO – RECONOCIMIENTO DEL DERECHO – MOMENTO INICIAL - COSTAS.


SENTENCIA NÚMERO: DOS.- En la ciudad de Córdoba, a QUINCE días del mes de ABRIL de dos mil quince, siendo las DOCE horas, se reúnen en Acuerdo Público los señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Carlos Francisco García Allocco, Sebastián Cruz López Peña, Humberto Sánchez Gavier y Ángel Antonio Gutiez, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: “CAMPO, TEOFILO CÉSAR C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – AMPARO – RECURSO DE CASACIÓN” (EXPTE. NRO. 408858) con motivo del recurso de casación deducido por la demandada a fs. 152/157.----------------- ------ Seguidamente, se procede a fijar las siguientes cuestiones a resolver:---------------------- PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación deducido? --------------------- SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? ----------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA Y HUMBERTO SÁNCHEZ GAVIER, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:--------------- 1.- Con fundamento en la causal prevista en el artículo 383 inciso 1) del Código Procesal Civil y Comercial, la demandada interpone recurso de casación (cfr. fs. 152/157) en contra de la Sentencia Definitiva Número Cincuenta y uno dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto (fs. 147/149vta.), por la que se resolvió: "I) Rechazar por formalmente inadmisible el recurso de apelación deducido por el apoderado de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba en contra de la Sentencia dictada en autos por el Juez de la anterior instancia y su respectiva aclaratoria por haber sido interpuesto de manera extemporánea, teniéndose a dicho pronunciamiento por firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. II) Imponer por el orden causado las costas devengadas ante esta Alzada” (fs. 149vta.).----------------------------- 2.- RECURSO DE CASACIÓN. 2.1.- ADMISIBILIDAD FORMAL. a. Articulación de parte: Asevera que en mérito de las constancias de autos resulta incuestionable el carácter de parte que le corresponde a su representada. b. Agravio: Estima que causa a su parte un agravio irreparable la resolución en crisis, atento a que lo resuelto implica la inadmisibilidad del recurso intentado, violentando así el derecho de defensa en juicio. c. Sentencia definitiva: Asegura que la resolución reúne las características de lo que la doctrina y la jurisprudencia pacíficamente conceptúan como sentencias definitivas al poner fin al pleito, impedir su continuación o causar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. d. Tempestividad: Refiere que la sentencia que se impugna fue notificada mediante la lectura de la sentencia, motivo por el cual, y según constancias de autos, el medio impugnativo es articulado en tiempo propio. 2.2.- ADMISIBILIDAD SUSTANCIAL. a. Primer agravio: Violación de las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia. Errónea interpretación de la ley procesal (art. 383 inc. 1 del C.P.C. y C.). Acusa que el Tribunal efectuó una errónea interpretación del artículo 355 del Código Procesal Civil y Comercial. Relata que el Sentenciante, al pronunciarse sobre la admisibilidad formal del recurso interpuesto, se basó en una notificación incorporada extemporáneamente al proceso, en desconocimiento de los principios procesales de preclusión y seguridad jurídica. Se pregunta cómo puede admitirse que la contraria agregara tardíamente una notificación bajo la excusa de que se encontraba traspapelada en el despacho. Entiende que la conducta procesal asumida por el actor se encuentra reñida con el principio de buena fe procesal y atenta contra la seguridad jurídica. Observa que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza. Considera que la correcta hermenéutica de la norma en cuestión era la de admitir el recurso de apelación por haber sido interpuesto dentro del plazo legal, dado que la cédula válidamente incorporada fue la cursada en segundo término. Señala que el rechazo de la apelación implicó admitir una conducta contraria a la teoría de los actos propios. Agrega que la consideración de la nueva notificación por parte del Tribunal traduce un apartamiento de la ley procesal puesto que los plazos para formular algún planteo se encontraban vencidos (art. 368 del C.P.C. y C.). Puntualiza que la interpretación efectuada por la Cámara a la luz del principio procesal de preclusión es errónea, lo que resulta trascendente para la solución del litigio puesto que implica la no admisión de la impugnación. b. Segundo agravio: Violación de las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia. Errónea aplicación de la ley procesal (art. 368 del C.P.C. y C.). Acusa que el Tribunal, al admitir y considerar el inoportuno planteo efectuado por el accionante, infringió lo dispuesto por el artículo 368 del C.P.C. y C. Alega que la aplicación correcta de la norma violada exigía el rechazo in limine del planteo efectuado, por encontrarse vencido el plazo previsto. Considera que resulta manifiesta la trascendencia que tiene el error señalado para la solución del caso, puesto que implica la admisión del embate recursivo. Solicita el acogimiento del recurso de casación, la revocación de la sentencia y el rechazo de la acción de amparo con costas según ley. c. Tercer agravio: Violación al principio lógico de razón suficiente y falta de fundamentación lógica. Violación al principio de congruencia (art. 383 inc. 1 del C.P.C. y C.). Expresa que el Tribunal incurrió en una violación del principio de razón suficiente, puesto que la fundamentación brindada resulta aparente e insuficiente. Entiende que en el fallo impugnado jamás se brindaron las razones por las que se admitió el planteo extemporáneo efectuado por la contraria respecto a la agregación de una nueva notificación. Manifiesta que, de este modo, se trasgredieron las normas de la lógica que garantizan la correcta construcción del pronunciamiento judicial, lo que viola el mandato constitucional contenido en el artículo 155 de la Constitución Provincial y su correlativo de la ley formal (art. 326 del C.P.C. y C.). d. Cuarto agravio: Falta de fundamentación lógica. Falta de razón suficiente. Violación a los principios lógicos. Formalismo. Conservación de los actos procesales y preclusión. Falta de fundamentación legal. Violación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Alega que la sentencia cuestionada carece de fundamentación por violación del principio de razón suficiente. Insiste que la cédula incorporada en el proceso acreditó la temporaneidad del recurso de apelación y que el actor omitió interponer el incidente del artículo 368 del C.P.C. y C.. Plantea que el yerro de la Cámara radica en que prescindió de los efectos generados por la cédula acompañada por su parte, la que, en virtud del formalismo propio del derecho procesal civil, tiene efecto pleno como acto procesal en tanto no se cuestione su validez. Advierte que la contraria consintió cada uno de los avances procesales realizados sin emitir una palabra acerca de la existencia de la cédula que tornaría extemporáneo el recurso deducido, hasta tal grado que contestó los agravios. Esgrime que, en virtud del principio de conservación, es eficaz todo acto mientras no haya declaración oportuna que diga lo contrario. Apunta que el actor debió ejercer su derecho en forma oportuna, mediante la vía procesal adecuada y no de manera informal, luego de haber consentido cada uno de los actos procesales celebrados. Razona que el pronunciamiento de la Cámara entraña una tácita declaración de nulidad de la cédula acompañada en la primera instancia, debido a que prescindió de sus efectos sin expresar concepto alguno acerca de los actos procesales celebrados y precluidos a partir de la notificación originariamente agregada. Argumenta que el actor no podía interponer la nulidad de la cédula acompañada, porque al haberla diligenciado, fue causa de aquella (art. 78 del C.P.C. y C.). Agrega que la Cámara tampoco podía pronunciarse de oficio, atento que el actor consintió explícitamente la validez de la cédula agregada (art. 77 del C.P.C. y C.). Recuerda que la omisión de impugnarla implicó consentimiento. Considera que, al haberse omitido aplicar los principios de formalismo, conservación y preclusión, se violentó el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa en juicio consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Por lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de casación, que se revoque la sentencia y que se rechace la acción de amparo interpuesta, con costas según ley. Hace reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48). 3.- A fs. 158, mediante decreto de fecha de seis de junio de dos mil trece, se corrió traslado a la contraria, quien al evacuarlo (fs. 159/165) solicitó su rechazo con costas a la contraria en ambas instancias con intereses hasta la fecha de pago. 4.- Concedido el recurso de casación por Auto Interlocutorio número Trescientos dieciocho de fecha cinco de diciembre de dos mil trece (fs. 176/180vta.) y elevados a esta Sede (fs. 184), mediante decreto de fecha trece de febrero de dos mil trece se dio intervención al Ministerio Público Fiscal (fs. 186), quien se expidió mediante Dictamen E Nro. 88 del seis de marzo de dos mil catorce por la admisión del recurso (fs. 196/200). 5.- A fs. 205 pasaron los autos a despacho a los fines de resolver y a fs. 206/208 se presentó el actor y pidió la urgente resolución por encontrarse transitando su última etapa de la vida, con una ancianidad avanzada y muy enfermo, a cuyo fin acompaña un certificado médico. 6.- El recurso de casación ha sido deducido en tiempo oportuno y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (art. 385 del C.P.C. y C.), por lo que corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.--------------------------------------------------------- 7.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos (cfr. fs. 147/149vta.), la Cámara interviniente rechazó por formalmente inadmisible el recurso de apelación deducido por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros (cfr. fs. 90/97) en contra de la Sentencia Número Doscientos sesenta y cinco del Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación, Secretaría Número 6, de la Segunda Circunscripción con sede en la ciudad de Río Cuarto, que fue dictada con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once -por la que se hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Señor Teófilo César Campo, se ordenó a la demandada que le concediera la pensión reclamada y le abonara los haberes retroactivos desde el mes de enero de dos mil tres inclusive, con más intereses a la Tasa Pasiva con más el dos por ciento (2%) mensual desde el diez de marzo de dos mil once, y se impusieron las costas a la vencida- y de su aclaratorio, el Auto Número Cuatrocientos noventa y ocho de fecha cinco de diciembre de dos mil once -que aclaró que hasta el mes de marzo de dos mil once inclusive, los haberes debían tomarse al valor que tenía el correspondiente a ese último mes sin adicionarse intereses y que, desde abril de dos mil once en adelante, al de cada uno de los meses sucesivos, con intereses a la Tasa Pasiva más el dos por ciento (2%) mensual desde que cada uno debió ser abonado (fs. 86/87). ----------------------------------------- Para así decidir, la Cámara explicó que, en oportunidad de interponer el recurso de apelación, el apoderado de la Caja acompañó sendas cédulas de notificación por las que se le notificó la sentencia y su aclaratoria con fecha veinte de noviembre de dos mil once, en función de las cuales el recurso aparecía como temporáneamente interpuesto, lo que motivó su concesión. Sin embargo, agregó que, radicada la causa ante dicho Tribunal, los apoderados del actor se presentaron y denunciaron la extemporaneidad del recurso en tanto que habían notificado dichas resoluciones con anterioridad -doce de diciembre de dos mil once- según cédulas que acompañaron (cfr. fs. 148 y vta.). --------------------------------------------------------- De allí que, en virtud de la fecha en que fue practicada la primera notificación -doce de diciembre de dos mil once- y dado que el recurso de apelación fue interpuesto por la demandada el veintidós de diciembre de dicho año, entendió que “… dicha impugnación fue formalizada una vez vencido el término de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 15 de la ley 4915 para interponer recurso de apelación en este tipo de procesos, vencimiento que operó en las dos primeras horas del día 15 de diciembre…” (cfr. fs. 148vta.), por lo que resultaba extemporáneo (cfr. fs. 149). -------------------------------------------------------------------- Contra dicho pronunciamiento alza su embate recursivo la demandada. 8.- En primer término, es dable señalar que el recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal, cuya fundamentación debe ser autónoma (art. 385 del C.P.C. y C.). A fin de cumplir dicho recaudo, el recurrente debe impugnar idóneamente los elementos que respaldan el fallo y explicar en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción que le atribuye, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y por qué éste debe variar. La crítica referida "debe ser completa", pues si omite referirse a elementos esgrimidos en el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso será improcedente (cfr. DE LA RÚA, Fernando, El Recurso de Casación, Editor Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 464). 9.- A los fines de una mejor comprensión de la cuestión objeto de debate resulta conducente efectuar un repaso previo de las circunstancias objetivas de la causa, de las que surge que: a) Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, el Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación, Secretaría Número 6 de la ciudad de Río Cuarto, dictó la Sentencia Número Doscientos sesenta y cinco que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el actor (cfr. fs. 79/82), resolución que fue objeto de aclaración por el Auto Número Cuatrocientos noventa y ocho del cinco de diciembre del mismo año (cfr. fs. 86/87). b) El veintidós de diciembre de dos mil once, la demandada interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 90/97) en contra de las resoluciones mencionadas, de las que declaró haber sido notificada con fecha veinte de diciembre de dos mil once, según cédulas que acompañó (cfr. fs. 88/89vta.). Ese mismo día, se dictó el siguiente decreto: “Agréguense las cédulas de notificación acompañadas. Téngase por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la sentencia Nro. 265 de fecha 23/11/2011 y del Auto Interlocutorio Nro. 498 del 05/12/2011, concédase el mismo por ante la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial que por turno corresponda, con ambos efectos (art. 15 de la Ley Provincial de Amparo). Notifíquese y elévese. Rolando Oscar Guadagna -Juez-. Ana Marion Baigorria –Secretaria-” (cfr. fs. 98). c) El dieciocho de junio de dos mil doce, se elevaron los autos a la Cámara interviniente y se corrió traslado al amparista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los fines de refutar los agravios expresados (cfr. fs. 111). d) Con fecha seis de septiembre de dos mil doce, la parte actora compareció y planteó la revocación de la resolución que concedió el recurso (art. 368 del C.P.C. y C.). Según expuso en su presentación “… si bien rola en auto una cédula librada por los suscriptos de donde surgiría la temporaneidad del remedio intentado por la accionada, manifiestan que, anteriormente, ya se había notificado el resolutorio recaído mediante instrumento de igual tenor solo que el mismo, por un descuido involuntario, se encontraba extraviado en el despacho de los dicentes. Que, habiendo recuperado dicho documento en el día de ayer lo acompañan ante estos estrados a fin de que V.E. considere, atento el excesivo plazo transcurrido desde la fecha de notificación -acontecida el 12.12.2011-, la extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto por haber sido deducido fuera del plazo previsto por el art. 366 del CPCC…” (cfr. fs. 114). e) El seis de septiembre de dos mil doce se dictó el siguiente decreto: “Proveyendo al escrito que antecede, agréguese la cédula que se acompaña y atento la naturaleza de la presente acción téngase presente para su oportunidad el planteo allí formulado, ello además en función de la facultad de este Tribunal de Alzada de efectuar el control de admisibilidad del recurso (conf. arg. art. 355 del CPCC), no correspondiendo proveer al mismo como incidente, en virtud de lo expresamente dispuesto por el art. 16 de la ley 4915 (...) Daniel Gaspar Mola -Vocal de Cámara- Pabla Viviana Cabrera de Finola -Secretario Letrado de Cámara-” (cfr. fs. 115). f) La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Río Cuarto dictó la Sentencia Definitiva Número Cincuenta y uno que rechazó por formalmente inadmisible el recurso de apelación deducido (cfr. fs. 147/149vta). 10.- En tal contexto, y del estudio de los agravios esgrimidos por la demandada en su recurso, surge que le asiste razón cuando denuncia que la resolución impugnada carece de una debida fundamentación lógica y legal en tanto que el razonamiento efectuado por la Juzgadora, que concluyó con el rechazo del recurso de apelación interpuesto por resultar formalmente inadmisible, no aparece como una derivación razonada de las constancias de la causa ni acorde con el principio de buena fe procesal. En efecto, tal como señala Gozaíni, la buena fue en el proceso surge bajo dos aspectos, en tanto que estará en la interpretación de la creencia de obrar honestamente -buena fe-creencia-, como en la conducta que se desenvuelve en los límites del principio de lealtad y rectitud hacia la contraparte -buena fe-lealtad- (cfr. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Temeridad y malicia en el proceso, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, págs. 30/31). En la causa, tal como señaló la Señora Fiscal Adjunta en su dictamen, en resguardo de la buena fe procesal y atento la apariencia de otorgamiento de un nuevo e íntegro plazo para ejercer actividad recursiva, que importó el libramiento y recepción de otra cédula posterior que notificó el mismo acto procesal, no es posible acoger el planteo de la amparista por el cual denuncia la extemporaneidad de la presentación del recurso de la contraria en base a un error propio, consistente en el extravío y posterior recuperación del instrumento librado en primer término (cfr. fs. 199vta.). Como se advirtió en el referido dictamen, la apelante, en desconocimiento no imputable de los motivos que fundaron un nuevo libramiento, computó el plazo para ejercer su derecho en base a la cédula recibida en fecha ulterior, por lo que no resulta aceptable la conducta asumida por quien alegó que, por su propia torpeza, notificó en distintas oportunidades un acto procesal -lo que originó la confusión de su contraparte-, consintió que el proceso prosiguiera e invocó la extemporaneidad recién cuando los autos estuvieron radicados en la Alzada (cfr. fs. 199vta.). En tales condiciones, hacer lugar al planteo del actor “… vulneraría el principio de buena fe procesal que es dable exigir a las partes durante el proceso y colocaría a la demandada en un estado de indefensión no imputable a un descuido propio, sino a una irregularidad generada por la parte que después intenta, mediante ella, despojar a su contraria de su facultad impugnativa” (cfr. fs. 199vta./200). La solución así propuesta busca, en definitiva, la protección de quien obró amparado por la buena fe-creencia, en este caso el apelante, frente a la situación creada por su contraparte con la expedición de una nueva cédula de notificación; a lo que se agrega que, en base a idéntico principio, no es dable admitir la pretensión del actor, por cuanto ello implicaría amparar una conducta que prima facie no aparece acorde a la buena fe-lealtad que debe regir el proceso en todo su desarrollo. 11.- Por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de casación, casar el decisorio del A-quo y, sin necesidad de reenvío atento la acción planteada que exige especial celeridad en el procedimiento aplicable, el tiempo de tramitación que ha insumido la causa y la naturaleza alimentaria de la prestación objeto de debate, ingresar al estudio del recurso de apelación interpuesto por la demandada. 12.- RECURSO DE APELACIÓN. La apelante se agravia en su recurso de la decisión del Juez de Primera Instancia (cfr. fs. 79/82) que hizo lugar a la acción de amparo incoada por el Señor Teófilo César Campos (cfr. fs. 1/14vta.) y condenó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros a concederle el beneficio de pensión en su carácter de viudo de la causante y a abonarle los haberes en cuestión desde el mes de enero de dos mil tres inclusive, con intereses recién a partir de abril de dos mil once a la Tasa Pasiva más el dos (2%) mensual desde que cada suma debió ser pagada, con costas a la vencida. Según expone: a) La acción de amparo no era la vía idónea para la protección de los derechos conculcados, b) El Tribunal se arrogó facultades legislativas al aplicar ultractivamente la Ley 9075 y la Ley Nacional 24.241, que estaban destinadas a regir relaciones jurídicas nacidas con posterioridad a su dictado, c) De hacer lugar a la acción de amparo, el beneficio debió acordarse desde la fecha de solicitud en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 inciso b) de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009) y no desde la entrada en vigencia de la Ley 9075 como se dispuso en la sentencia, d) El Juez para garantizar la proporcionalidad e irreductibilidad, creó un método de cálculo del beneficio, siendo que la norma previsional aplicable (art. 46 ib.) estableció el mecanismo para determinarlo; e) En la sentencia se fijó una tasa de interés equivalente a la Tasa Pasiva más el dos por ciento (2%) mensual, lo que se aparta de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 9884; y f) La imposición de las costas a la demandada es contraria a la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la materia. A continuación, se analizaran los agravios en el orden en el cual han sido planteados por la recurrente. 13.- EXISTENCIA DE OTRO MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO. 13.1.- La apelante esgrime en su primer agravio que la acción de amparo interpuesta no era la vía idónea para la protección de los derechos conculcados, sino que el actor debió impugnar en sede administrativa la resolución denegatoria de su beneficio y, luego, en su caso, iniciar la acción de plena jurisdicción regulada por la Ley 7182. Al respecto cabe señalar que este Tribunal Superior de Justicia en pleno (Sent. Nro. 68 del 14/11/1997 "Acción de Amparo Interpuesta por María Julia Cataldi y Otra -Recursos de Casación e Inconstitucionalidad-"; Sent. Nro. 75 del 11/12/1997 "Acción de Amparo presentada por Martha Edith Chaar de Flores, Laura A. Guell de Dottori y Otros -Recurso de Inconstitucionalidad", Sent. Nro. 121/1999 “Acción de amparo interpuesta por José Martín Carabajal y otros...”, entre otros) se ha expedido en el sentido que el art. 43 de la Constitución Nacional no obsta a la vigencia de las normas reglamentarias anteriores, en tanto éstas no se opongan a la letra, al espíritu o resulten incompatibles con el remedio judicial instituido en el citado precepto constitucional, como un instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales. Con esa proyección, la acción de amparo es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal "expedita y rápida", condicionada -entre otros recaudos- a que "...no exista otro medio judicial más idóneo..." (art. 43 de la C.N.). Si bien es cierto que aún hoy, frente al texto del nuevo art. 43 de la Carta Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la "inexistencia" de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como "el más idóneo". La invocación y acreditación de esta aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía. Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y para su restablecimiento frente a una lesión o amenaza, existe una vía procesal establecida. Resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o recursos comunes. Su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que a la "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" -art. 1 de la Ley 4.915- se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias -art. 2 inc. a) ib.- (T.S.J., Sala Civil, "Egea, Andrés (H) y Otros c/ Egea Hnos. S.A.-Amparo- Recurso Directo", Sentencia Nro. 51, del 6/10/97, entre muchos otros). En coincidencia con destacada doctrina, este Tribunal ha puesto de manifiesto que desde sus orígenes jurisprudenciales (casos "Siri" y "Kot") se ha reconocido como condición de admisibilidad del amparo, la existencia de un "daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios" (ORGAZ, Alfredo, El Recurso de Amparo, Buenos Aires, 1961, pág. 58, Nro. 23) exigencia que está receptada, precisamente, en el art. 2 inc. a) de la Ley 4.915. Si bien la Corte ha declarado que la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo "... no es postulable en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta del demandante..." (C.S.J.N., "Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía" del 06/06/95, Rev. L.L. 1995-D, pág. 243 y ss., reiterada posteriormente en numerosos pronunciamientos: Fallos 323:3770; 326:2150; 329:2179, 330:4647, entre otros), ha subrayado también que "... la existencia de vías legales para la protección del derecho supuestamente vulnerado, excluye el procedimiento excepcional del amparo. A los jueces no les está permitido prescindir de los procedimientos previstos por la ley y reemplazarlos por otros, fundándose para ello en el mero juicio desfavorable que pueda merecerles la falta de celeridad de aquéllos" (Fallos 249:565); "el perjuicio que pueda ocasionar el empleo de aquellos procedimientos no es sino la demora a que debe verse sometida toda persona que reclama ante la justicia el reconocimiento de los derechos que se atribuye (Fallos 252:154)" (vid. T.S.J., Sala Civil, "Spinelli, Renato O. y Otros c/ Banco de la Provincia de Córdoba - Acción de Amparo - Recurso de Revisión", Sent. 52 del 04/07/1996). En esta tesitura se advierte que para que fuese procedente el amparo, sería menester invocar y probar circunstancias de excepción que, en el caso particular, hagan que la demora propia de las vías ordinarias cause un gravamen excepcional tal, que justifique prescindir de las etapas administrativas o procesales habituales, como único medio de evitar la consumación de una injusticia que constituye el fundamento de la acción. El artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994, en tanto prevé como condicionamiento del amparo la inexistencia de "otro medio judicial más idóneo", no deroga el artículo 2 inciso a) de la Ley 4.915, ni hace que la acción de amparo deje de ser una acción subsidiaria, viable sólo ante la inexistencia de otra vía que posibilite el adecuado resguardo del derecho invocado. Al respecto se ha dicho que "... incurren en un grave error quienes interpretan, a raíz de la reforma constitucional, que el amparo se ha constituido en un medio procedimental ordinario, pues continúa siendo un remedio extraordinario y por ende excepcional..." (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala 5a., 13/11/95, reseñado en J.A. Nro. 6.030 del 26/3/97, pág. 32, n° 17). Si por "medio judicial más idóneo" se entendiese todo aquel que asegura al amparista una más pronta solución del litigio, es obvio que toda pretensión con sustento constitucional -y todas lo tienen- resultaría admisible por la vía de amparo, con la consecuente ordinarización de un procedimiento postulado como de excepción. Vía judicial "más idónea", en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, es la adecuada a la naturaleza de la cuestión planteada conforme al régimen procesal vigente, con lo cual el amparo queda reservado a los supuestos en que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, además, las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una tutela judicial efectiva del derecho invocado. Esta ha sido, en cierta manera, la posición asumida por destacada doctrina cuando afirma que "... La acción de amparo continúa siendo un remedio judicial subsidiario pese al hecho de que una interpretación crudamente literal del art. 43 de la Constitución Nacional puede inducir a una conclusión diversa y conducir a aquella a la categoría de un instituto excluyente de todo el ordenamiento procesal ordinario..." (conclusiones de Palacio, Lino E. y Quevedo Mendoza, Efraín, "Conclusiones del IX Congreso Nacional de Derecho Procesal - Comisión de Derecho Procesal Constitucional y Administrativo", Corrientes, agosto 6, 7 y 8 de 1997). Como ha dicho también la C.S.J.N. (Fallos: 306:1254; 307:747; 310:576, entre muchos), el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita. La carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección que se pretende debe ser cumplida por quien demanda (Fallos: 313:101; 317:655, entre otros). 13.2.- En el sub lite, el Juez de Primera Instancia, al momento de evaluar el cumplimiento de este requisito de admisibilidad del amparo, explicó que de los términos de la demanda se desprendía que al momento de su presentación (01/07/2011) el actor contaba con más de setenta años de edad y que las cuestiones debatidas eran de puro derecho, por lo que no se requería una mayor amplitud de debate y prueba que la permitida en el marco del proceso iniciado, por lo que entendió que “… a fin de evitar que el derecho del amparista se frustre definitivamente por el mero transcurso del tiempo (variable ineludible para la finita vida humana y que adquiere especial relevancia en el caso de personas de mayor edad) y que, de asistirle razón, se lo continúe perjudicando al no permitirle gozar del nivel de vida que tendría derecho” debía considerarse que la vía intentada era la adecuada (cfr. fs. 80vta./81). Tales argumentos, que no han sido eficazmente rebatidos por la demandada, se ven reforzados por el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción que hace que, frente a la avanzada edad del actor y al carácter alimentario del beneficio solicitado, la vía intentada se presente como la más idónea para la protección del derecho conculcado, como también por razones de economía procesal ante el dictado de una resolución que ya hizo lugar a su planteo y la imprescriptibilidad del derecho del actor (art. 44 de la Ley 8024, T.O. Decreto Número 40/2009). En tal sentido, es dable recordar que no cabe hacer una apreciación meramente ritual para excluir el amparo en razón de existir otros recursos de factible utilización, ya que dicho instituto tiene por objeto una efectiva protección de los derechos, más que una ordenación o resguardo de competencia (Fallos: 320:1339, 2711; 321:2823; 330:5201, 332:1952, entre otros), protección que debe ser más propia y menos formalista a tenor de la esencia o calidad del derecho a tutelar (cfr. fs. MORELLO, Augusto M. y VALLEFÍN, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense S.R.L., Avellaneda, 1998, págs. 31/32), lo que impide el acogimiento del primer agravio ensayado en autos. 14.- EL DERECHO DE PENSIÓN DEL CÓNYUGE VARÓN. 14.1.- En relación al agravio de la apelante a través del cual cuestiona el reconocimiento del derecho de pensión del Señor Teófilo César Campo por cuanto la ley vigente al momento del fallecimiento de su esposa -Ley 5846- requería para el otorgamiento del beneficio que el viudo se encontrara incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante a la fecha del deceso, requisitos que no cumplía el actor, cabe señalar que la decisión cuestionada resulta acorde con la doctrina sentada por la Sala Contencioso Administrativa de este Tribunal Superior de Justicia en los autos “Zartarian, Juan Jorge c/…” (Sentencia Nro. 30/2010). Tal como se sostuvo en dicho precedente, no obstante que al momento del deceso de la cónyuge del actor -veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y siete, cfr. fs. 19-, la normativa previsional vigente era la Ley 5846 (B.O. 26/08/1975), en cuyo artículo 31 solo estaba contemplado como beneficiario del derecho a pensión el “… viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante a la fecha del deceso de esta” (inciso 1), los principios constitucionales que informan el régimen previsional son los que proveen de una solución adecuada al presente conflicto en la actualidad. En esa labor, la Constitución de Córdoba, en su Título Segundo "Políticas Especiales del Estado", Capítulo Primero "Trabajo, Seguridad Social y Bienestar" en el artículo 55 sobre "Seguridad Social" dispone que "El Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones. Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal" (subrayado agregado). En tanto, el artículo 57 bajo el título "Régimen Previsional" prevé que "El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social, y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con otros sistemas previsionales. La ley establece un régimen general previsional que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales, conforme lo establece el artículo 110, inciso 17 de esta Constitución..." (subrayado agregado). A su vez el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce que "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable...". Asimismo, diversos Tratados Internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) consagran el derecho de toda persona a la seguridad social (arts. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11 inc. d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño). A dichos preceptos se unen aquéllos que reconocen la igualdad de derechos ante la ley a los hombres y mujeres (arts. 16 de la Constitución Nacional; 24 de la Constitución Provincial; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), prohibiendo toda discriminación por razones de sexo o de género (arts. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño). El primer paso en la recepción de estos principios a nivel nacional fue a través del artículo 1 de la Ley 23.226 (B.O. 02/10/1985), modificatorio del artículo 38 inciso 1) de la Ley 18.037 (B.O. 10/01/1969), que dispuso que en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación, gozarían de pensión los siguientes parientes del causante: "1º La viuda o el viudo incapacitado para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso...". Posteriormente la Ley 23.380 (B.O. 25/07/1988) suprimió la exigencia de que el viudo se encontrara "incapacitado para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso". La Ley 24.241 (B.O. 18/10/1993), a la que nuestra Provincia ha adherido por Ley 9075 (B.O.P. 30/12/2002), ha establecido en su artículo 53 que: "En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: ... a) la viuda, b) el viudo...". Asimismo, el Decreto Número 42/2009 (B.O. 23/01/2009) reglamentó en su artículo 2 la Cláusula Quinta inciso 1. f) del Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba Número 83/02, ratificado por la Ley 9075, en función de la Ley 24.241, en los siguientes términos: "I) Beneficiarios de Pensión: En caso de muerte del beneficiario o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: a) Viuda; b) Viudo;…". 14.2.- En tales condiciones, en virtud de la aplicación de los principios emergentes de las normas constitucionales y con jerarquía constitucional citadas y de las disposiciones legales actualmente vigentes que contemplan como beneficiario del derecho de pensión al viudo sin ningún requisito adicional (arts. 53 de la Ley 24.241 a la cual la Provincia se ha adherido por Ley 9075 y 2 del Decreto Nro. 42/09), no se advierte óbice sustancial para que sea admitido el derecho a pensión del Señor Campo en su condición de cónyuge de la causante. Es que, la estricta aplicación del principio según el cual las pensiones se rigen por la ley vigente a la fecha del fallecimiento del causante, ha sido establecida en beneficio de los peticionarios, para que los cambios legislativos no redunden en perjuicio de los derechos adquiridos durante la vigencia de los regímenes derogados (Fallos 324:4511), por lo que el estatuto aplicable no puede ser interpretado de manera tal que vuelva inoperante el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra la integralidad e irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad social. El reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción plena de los derechos ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Considerando 101 del voto del Dr. Maqueda en Fallos 328:1602). En tal sentido sería estéril el esfuerzo realizado por el Legislador para cumplir con la obligación establecida en el artículo 11 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados Parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el reconocimiento del beneficio solicitado ha sido previsto en el actual esquema normativo. La solución propiciada, armoniza con el criterio interpretativo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se ha consolidado por su continuo seguimiento en reiterados pronunciamientos hasta erigirse en un principio cardinal en el campo de la seguridad social, según el cual en la inteligencia de normas de esta materia el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente los fines que las inspiran, por lo que el resultado a que llega la interpretación debe ser tenido primordialmente en cuenta (Fallos 316:2406). Lo esencial, ha sostenido este Tribunal (Fallos 291:527 y 312:2250), es cubrir los riesgos de susbsistencia y ancianidad que acontecen a todas la personas. 14.3.- En la presente causa, en modo alguno se procura reemplazar el texto de la ley excediendo los márgenes de la función jurisdiccional, menos aún se intenta subvertir su espíritu. Sólo se trata que el accionar administrativo desarrolle el razonamiento de la ley, trasladándolo en proyecciones que los autores de la norma no habían previsto o no se encontraban en condiciones de prever, esto es, interpretarla según las estimaciones circunstanciales y contextuales actuales, y no retrocediendo al momento histórico en que fue producida. Sólo así los pronunciamientos de los organismos administrativos jurisdiccionales podrán tener una doble fuerza de convicción, legalidad y razonabilidad (COSSIO, Carlos, Teoría de la verdad jurídica, págs. 241 y 245; Linares, Juan F., Poder discrecional administrativo, págs. 118 y 126 y Pound, El actual pensamiento jurídico norteamericano, págs. 213 y 218). Del mismo modo es importante recordar lo que dijo Oliver Wendell Holmes ("The path of law", Harvard Law Review, Vol. 10, págs. 457 y ss.) en el sentido que los Jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión. El debido criterio para la exégesis de la ley es el que pondera las consecuencias sociales de la decisión y tiende a poner a salvo el espíritu y los obvios fines que ella tiene. El Juzgador no puede prescindir de las consecuencias sociales de su decisión, ni de la realidad que la precede. El mismo criterio fue condensado por la Corte Suprema Argentina en el caso "Saguir y Dib" (Fallos 302:1284) al afirmar que la aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los Jueces. Por ello, no es siempre el método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial (Fallos 300:417; 302:1209, 1284; 303:248; "Jáuregui, Manuela Yolanda...", Fallos 306-1:940 y sus citas). El Estado Social de Derecho (art. 1 de la Constitución Provincial), es por definición una organización política permeable al cambio y a las necesidades sociales, que se erige en garantía dinámica que asegura a los ciudadanos la adaptación del Derecho a los requerimientos de la evolución histórica de la sociedad (PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, La Seguridad Jurídica, Edit. Ariel S.A., Barcelona 1994, págs. 125/126). En virtud de las consideraciones expuestas, el agravio analizado debe también ser rechazado. 15.- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL CORRESPONDE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL ACTOR. En cuanto al planteo de la apelante a través del cual cuestiona el momento a partir del cual el Juez de Primera Instancia acordó el beneficio previsional al actor, cabe señalar que asiste razón a la recurrente cuando sostiene que no corresponde su otorgamiento desde el mes de enero de dos mil tres inclusive, como se hizo en la sentencia apelada por ser éste el primer período mensual transcurrido bajo la vigencia de la Ley 9075, que adhirió a las Leyes Nacionales 24.241 y 24.463 (cfr. fs. 81). En efecto, como regla general el artículo 43 inciso b) de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009) dispone: “Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios, y en los términos del artículo 42 de la presente Ley, como sigue: b) La pensión, desde el día de la muerte del causante o de su declaración judicial en el supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento, siempre que –en ambos casos- la solicitud del beneficio fuere interpuesta antes de transcurrido un (1) año de esa fecha. En caso contrario, la liquidación se practicará desde la fecha de la solicitud” (subrayado agregado). No obstante ello, en supuestos excepcionales como el de autos, en el que al momento de la muerte de la causante la legislación previsional aplicable (Ley 5846) no contemplaba al actor -en su calidad de viudo- como beneficiario de la pensión derivada del fallecimiento de su esposa, corresponde reconocer el derecho en cuestión desde la fecha del presente pronunciamiento atento la nulidad relativa del acto administrativo en cuestión que se encuentra afectado por un vicio de anulabilidad por violación de la ley en cuanto el fondo del acto, derivado de los cambios producidos en las normas previsionales que repercutieron en la situación del amparista en virtud de los principios constitucionales anteriormente apuntados. Cabe recordar al respecto que la existencia del acto administrativo depende del cumplimiento de ciertos elementos esenciales tales como: competencia, objeto, voluntad, forma, etcétera, los cuales deben concurrir simultáneamente en el modo requerido por el ordenamiento jurídico. Caso contrario, la validez del acto se encuentra afectada, lo que depende de la magnitud de la transgresión al ordenamiento jurídico (C.S.J.N., Fallos 190:142 "Los Lagos S.A. Ganadera c. Gobierno Nacional"). Tal como ya ha manifestado este Tribunal Superior de Justicia en reiteradas ocasiones (Sent. Nro. 120/2000 “Ferreyra, Marisa del Carmen y O. c/...”, Sent. Nro. 209/2000 “Patiño de Chávez, Lilia Zulma c/...”, entre muchas otras), la actividad administrativa debe subordinarse al orden jurídico. De tal manera, el acto administrativo debe respetar los requisitos de validez impuestos por las normas en vigor. De lo contrario, nos enfrentamos a un acto viciado que hace necesaria su invalidación. El acto es nulo cuando alguno de sus elementos esenciales resulta excluido. Mientras que es anulable cuando el vicio no llegare a impedir la existencia de alguno de esos elementos. Empero, también es pacíficamente aceptado, que para establecer el tipo de nulidad no sólo debe analizarse si al acto le falta algún elemento esencial, sino cuál es la intensidad de la gravedad del vicio, es decir, la magnitud o importancia de la transgresión al ordenamiento e incluso la manifestación evidente o no de la infracción. En definitiva, de la índole, gravedad y ostensibilidad del vicio dependen las consecuencias jurídicas a aplicar según el caso, razón por la cual, cuando la normativa de procedimiento administrativo no resulte suficientemente clara, deberán analizarse exhaustivamente tales aspectos, efectuando una interpretación contextual a la luz de la jurisprudencia y doctrina aplicables. En el sistema de Córdoba, la Ley 6658 de Procedimiento Administrativo y sus reformas, considera a los actos nulos de nulidad absoluta cuando: a) Hubieren sido dictados por autoridad incompetente, b) Se hubieren violado sustancialmente los principios que informan los procedimientos, c) Se hubieren violado las normas establecidas legal o reglamentariamente para su dictado (art. 104). En cambio, son anulables o de nulidad relativa los viciados por: a) Error, b) Dolo o c) Violación de la ley en cuanto al fondo del acto, supuesto este último que se configura en estos autos (art. 105). Dicha solución, por otra parte, es la que mejor compatibiliza con los límites al control judicial de constitucionalidad, en el que es necesario buscar el equilibrio entre lo que puede y no puede controlar el juez. Los extremos son riesgosos: el control total implicaría el gobierno de los jueces y la invasión de poderes que le corresponden a la Administración, mientras que el control restringido o escaso es pernicioso para el Estado de Derecho y las situaciones jurídico-subjetivas de los administrados. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchos Tribunales Superiores, como el de Córdoba, han ampliado el control judicial de los actos provenientes del Estado en ejercicio de la función administrativa en su intensidad y alcance, y en lugar de un control de legalidad, es posible hablar en la actualidad de un control de juridicidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en función de los tratados internacionales, no debe olvidarse que, en el ámbito de las zonas de reserva que constitucionalmente les corresponde a cada poder, cada uno obra bajo su propia responsabilidad. Ella puede ser cuestionada desde la perspectiva política, pero no puede ser sustituida o asumida por otro poder del Estado (Cfr. EMBID, Irujo, "La justiciabilidad de los actos de gobierno", en: Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al prof. García de Enterría, T. III, pg. 2739). En conclusión, a la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde el reconocimiento del derecho de pensión del actor desde la fecha del presente pronunciamiento como consecuencia del vicio de anulabilidad por violación de la ley en cuanto el fondo que afecta al acto administrativo enjuiciado, solución que difiere de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Zartarian, Juan Jorge c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba s/ Plena Jurisdicción” (Resolución de fecha 20 de agosto de 2014), dado la falta de identidad fáctica entre ambas causas. En efecto, en este último caso, el actor se encontraba gravemente incapacitado como consecuencia del accidente automovilístico en el que perdió la vida su concubina, con quien no había podido contraer matrimonio dado que la ley vigente se lo impedía por su condición de divorciado, y sus escasos recursos lo habían colocado automáticamente en una situación de dependencia económica y de necesidad de asistencia que frente al fallecimiento de la causante debía sustituirse por el beneficio de pensión correspondiente, extremos que no se verifican en estos autos. 16.- MÉTODO DE CÁLCULO DEL HABER PREVISIONAL. En cuanto al agravio de la demandada vinculado con el método de cálculo de los haberes previsionales adeudados, cabe señalar que conforme establece el artículo 49 de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009), el haber de la pensión será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del haber jubilatorio que gozaba o le hubiera correspondido al causante, según el régimen de dicha ley, por lo que corresponde ordenar a la demandada la aplicación de dicha norma para su determinación. 17.- COSTAS. 17.1.- Finalmente, debe igualmente acogerse el agravio de la apelante en relación a la imposición de las costas a la vencida dispuesta en la sentencia impugnada, a tenor de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009) ), según el cual: "Costas Judiciales.- Los afiliados, beneficiarios y sus derechohabientes estarán exentos del pago de gastos y tasas de justicia cuando utilicen la vía judicial, cualquiera fuera la naturaleza de la acción intentada, y las costas serán soportadas -en todos los casos- por el orden causado..." (art. 70 de la Ley 8024, el destacado es propio). El texto transcripto es claro y no requiere de mayor esfuerzo para su comprensión cuando prescribe que en los procesos de naturaleza previsional, cualquiera fuera la acción intentada, las costas serán soportadas por el orden causado. Resulta pertinente destacar que en la redacción de la norma se empleó la expresión "en todos los casos", lo cual revela que la modalidad de imposición de costas adoptada se previó para todos los supuestos, ya que como lo indica destacada doctrina, cuando "la ley ha dicho algo, debe entenderse que ha querido algo y que por regla general ha querido precisamente lo que dice" (cfr. SOLER, Sebastián, Interpretación de la ley, Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, pág. 168). Como se desprende de las consideraciones precedentes, constituye una interpretación ajustada a los alcances de la clara voluntad legislativa expresada en sus términos, que la imposición de costas por su orden "en todos los casos", debe ser entendida en el sentido amplio que resulta de los vocablos utilizados en su texto, comprensivo de los diferentes procesos e instancias procesales (cfr. Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso Administrativa, Auto Nro. 8/2012, "De Bonis, María Elena c/…"). En consecuencia, cuando se trata de litigios contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones, las costas deben ser impuestas por su orden conforme lo expresamente dispuesto por el artículo 70 de la Ley 8024 -T.O. Decreto. Nro. 40/09-, precepto que consagra una clara voluntad legislativa, que contiene una ponderación de lo que el propio Legislador Provincial ha considerado como "razonable" y "equitativo" en materia de atribución de gastos causídicos en los procesos judiciales de naturaleza previsional, cualesquiera sean el fuero y la instancia, que atiende al carácter de orden público de los bienes jurídicos que tutelan las normas previsionales, tanto desde una perspectiva centrada en la tutela de los derechos de los beneficiarios del sistema, como así también desde el rol de la entidad previsional en su calidad de autoridad de aplicación y gestión de un sistema jurídico basado en la solidaridad. Dicho precepto consagra el régimen especial que establece un criterio legal de atribución de los gastos causídicos al que deben ajustarse las decisiones judiciales para no incurrir en arbitrariedad (art. 155 de la Constitución Provincial). 17.2.- Las consideraciones precedentemente desarrolladas ponen de manifiesto que la Juzgadora inobservó lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 8024 (T.O. Decreto. Nro. 40/09) al momento de imponer las costas en la resolución impugnada, toda vez que pese a tratarse de uno de los supuestos previstos por dicho precepto -proceso judicial planteado por un beneficiario de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en contra de esta Institución-, las costas fueron impuestas a la demandada. 18.- En mérito a las consideraciones expuestas y las premisas sentadas a través de su desarrollo, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada (cfr. fs. 90/97) y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada solo en cuanto reconoció al actor su derecho de pensión a partir de la vigencia de la Ley 9075 que adhirió a la Ley 24.241, en cuanto fijó un procedimiento especial para la determinación del monto de los haberes previsionales adeudados, en cuanto dispuso el cálculo de los intereses aplicables a la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) mensual y en cuanto impuso las costas a la vencida. En su lugar, corresponde condenar a la Caja demandada a conceder el beneficio de pensión al actor desde la fecha del presente pronunciamiento (art. 105 de la Ley 6658), el que deberá determinarse conforme las pautas establecidas en el artículo 49 de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009), y a abonarle los haberes adeudados con más intereses, los que deberán calcularse desde tal fecha en el equivalente a la Tasa Pasiva Promedio Mensual que elabora el Banco Central de la República Argentina (art. 119 de la Ley 8024, T.O. Decreto Nro. 40/2009, sustituido por el art. 6 de la Ley 9884), con costas por su orden en todas las instancias (art. 70 de la Ley 8024, T.O. Decreto Nro. 40/2009). Así votamos. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR LUIS ENRIQUE RUBIO, DIJO: Sin perjuicio del sentido de mi voto en disidencia en la causa “Zartarian, Juan Jorge c/…” (Sent. Nro. 30/2010), en la cual se resolvió una situación fáctica que no es idéntica a la de autos y que ha sido objeto de reciente pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Z., J.J. c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ plena Jurisdicción”, Resolución de fecha 20 de agosto de 2014), donde se ha declarado la incompatibilidad del artículo 31 de la Ley 5846 con la Constitución Nacional, adhiero en la presente a las apreciaciones formuladas por los Señores Vocales preopinantes. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, DIJO: Adhiero al voto de los señores Vocales integrantes de este Alto Cuerpo. En lo que atañe al otorgamiento del beneficio, particularmente lo hago porque el criterio que exponen es sustancialmente el mismo que ya he vertido in re “CÓRDOBA, TOMÁS AQUINO C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA – PLENA JURISDICCIÓN”, Sentencia Número Cuarenta y nueve, de fecha quince de mayo de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Así voto. --------------------------------------------------------------------------------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, HUMBERTO SÁNCHEZ GAVIER Y ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: --------------------------------- Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr. fs. 152/157) y, en consecuencia, casar la Sentencia Definitiva Número Cincuenta y uno dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto con fecha quince de mayo de dos mil trece (fs. 147/149vta.). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 90/97) y, en consecuencia, revocar la Sentencia Número Doscientos sesenta y cinco dictada con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once por el Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación, Secretaría Número 6, de la Segunda Circunscripción con sede en la ciudad de Río Cuarto (fs. 79/82) y, su aclaratorio, el Auto Número Cuatrocientos noventa y ocho de fecha cinco de diciembre de dos mil once (fs. 86/87), sólo en cuanto reconocieron el derecho de pensión del actor a partir de la vigencia de la Ley 9075 que adhirió a la Ley Nacional 24.241, en cuanto fijaron un procedimiento especial para la determinación del monto de los haberes previsionales adeudados, en cuanto dispusieron el cálculo de los intereses aplicables a la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) mensual e impusieron las costas a la vencida. ----------------------------------------------------------------------- III) Condenar a la Caja demandada a conceder el beneficio de pensión al actor desde la fecha del presente pronunciamiento (art. 105 de la Ley 6658), el que deberá determinarse conforme las pautas establecidas en el artículo 49 de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009). IV) Imponer las costas por su orden en todas las instancias (art. 70 de la Ley 8024, T.O. Decreto Nro. 40/2009). Así votamos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada (cfr. fs. 152/157) y, en consecuencia, casar la Sentencia Definitiva Número Cincuenta y uno dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto con fecha quince de mayo de dos mil trece (fs. 147/149vta.). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 90/97) y, en consecuencia, revocar la Sentencia Número Doscientos sesenta y cinco dictada con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once por el Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación, Secretaría Número 6, de la Segunda Circunscripción con sede en la ciudad de Río Cuarto (fs. 79/82) y, su aclaratorio, el Auto Número Cuatrocientos noventa y ocho de fecha cinco de diciembre de dos mil once (fs. 86/87), sólo en cuanto reconocieron el derecho de pensión del actor a partir de la vigencia de la Ley 9075 que adhirió a la Ley Nacional 24.241, en cuanto fijaron un procedimiento especial para la determinación del monto de los haberes previsionales adeudados, en cuanto dispusieron el cálculo de los intereses aplicables a la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) mensual e impusieron las costas a la vencida. ----------------------------------------------------------------------- III) Condenar a la Caja demandada a conceder el beneficio de pensión al actor desde la fecha del presente pronunciamiento (art. 105 de la Ley 6658), el que deberá determinarse conforme las pautas establecidas en el artículo 49 de la Ley 8024 (T.O. Decreto Nro. 40/2009). IV) Imponer las costas por su orden en todas las instancias (art. 70 de la Ley 8024, T.O. Decreto Nro. 40/2009). Protocolizar, hacer saber, dar copia y bajar. DR. DOMINGO JUAN SESIN PRESIDENTE DR. LUIS ENRIQUE RUBIO DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI VOCAL VOCAL DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO DR. SEBASTIÁN C. LOPEZ PEÑA VOCAL VOCAL DR. HUMBERTO SANCHEZ GAVIER DR. ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ VOCAL VOCAL