Jurisprudencia Sala Electoral y de Competencia Originaria

CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL – CONTROVERSIA ENTRE DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y CONCEJO DELIBERANTE – RÉGIMEN ELECTORAL LOCAL – MODIFICACIONES – AUSENCIA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA –EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES.


SENTENCIA NÚMERO: CUATRO.- En la ciudad de Córdoba, a VEINTISIETE días del mes de MAYO de dos mil quince, siendo las ONCE Y TREINTA horas, se reúnen en Acuerdo Público los señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc de Arabel, Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollatti y Sebastián Cruz López Peña, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "ESTEBAN FRANCISCO ALBERTO - INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE - PLANTEA CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL" (Expte. SAC n° 2154752, iniciado el 12 de enero de 2015), con motivo del presunto conflicto interno suscitado entre el titular del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la ciudad de Cruz del Eje, en razón de la sanción de la Ordenanza n° 2081/14 y su Resolución ratificatoria n° 23/14, sancionadas con fecha 13 de noviembre y 26 de diciembre de 2014, respectivamente.----------------------------------------------- ----------------------- PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el conflicto interno municipal traído a decisión de este Tribunal? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATTI Y SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, DIJERON: 1. A fs. 51/63 comparece, por apoderado, el señor intendente de la ciudad de Cruz del Eje y plantea la existencia de un conflicto municipal interno entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, en cuanto este último se ha excedido en su competencia y ha atentado contra el regular funcionamiento de los organismos de gobierno municipal. Refiere que la Ordenanza n° 2081/14 modifica la Ordenanza n° 1752 que establece el Régimen Electoral incorporando una etapa previa a la elección definitiva en el sistema municipal, denominada PASO, y pretende dejar fuera de juego a los partidos políticos, estableciendo una especie de ley de lemas que proscribe a las minorías. Asimismo, agrega que no se determina el modo de financiación del acto electoral, el pago de las boletas únicas y los costos operativos y logísticos propios de los comicios. Indica que mediante Decreto n° 450/14 el Departamento Ejecutivo vetó la referida ordenanza pero durante la sesión extraordinaria convocada para el día 26 de diciembre de 2014, el Concejo Deliberante ratificó por mayoría su plena vigencia, aun cuando dicho veto no se encontraba dentro del orden del día de los temas a tratar en aquella, violando de tal forma el artículo 22 de la Ley n° 8102. Aduce que también se ha violado el artículo 71 de la Ley Orgánica municipal al no determinar cómo se van a financiar los gastos de confección de la boleta única establecida por la ordenanza vetada. Alega que el dictado de la sentencia en estos obrados debe ser urgente dado los plazos establecidos para la presentación de las listas de candidatos en las PASO locales y la actividad propia de los partidos políticos, que se encuentran realizando sus elecciones internas para seleccionar sus candidatos municipales, al mismo tiempo que carece de los fondos necesarios para sostener estos gastos electorales y que no está dispuesto a que se incumpla la ley y la Constitución sin acudir a los estrados judiciales en pos del control de constitucionalidad. Reitera que el Concejo Deliberante se ha arrogado funciones que no le son propias conforme la Ley Orgánica municipal como es la iniciativa legislativa para modificar el presupuesto municipal, según lo estipula el artículo 33 de la Ley Orgánica municipal. Arguye que si se admite la inconstitucional intromisión del Concejo Deliberante, materializada mediante la sanción de la Ordenanza n° 2081/14, el Departamento Ejecutivo no podrá seguir administrando eficazmente el municipio, pues no contará con los recursos para hacer frente a las obligaciones que el Concejo ha asumido por él, pudiendo darse el quebranto en sus finanzas y constituir un escándalo institucional local, ya que afectaría el proceso electoral de las nuevas autoridades municipales. Peticiona que se declaren nulas e inaplicables la Ordenanza n° 2081/14 y su Resolución confirmatoria n° 23/14 por ser manifiestamente inconstitucionales. Entiende que se encuentran configuradas las dos causales de conflicto interno municipal previstas en el artículo 128 de la Ley Orgánica municipal. Exceso en las competencias del Concejo Deliberante: Reseña la jurisprudencia de este Tribunal respecto las acepciones del término competencia y afirma que en el presente caso se han configurado ambos conceptos; el restringido, porque el Concejo ha hecho uso de atribuciones que tiene expresamente prohibidas; como el amplio, toda vez que el cuerpo legislativo ha sancionado ordenanzas sin respetar los procedimientos o formas establecidos legalmente, a saber: a. El Concejo Deliberante dicta una ratificación de rondón en una sesión extraordinaria no convocada al efecto, violando el artículo 22 de la Ley n° 8102 en cuanto dispone el temario que únicamente se puede tratar en una sesión extraordinaria. b. El Departamento Ejecutivo municipal tiene el derecho de iniciativa en materia presupuestaria. Advierte que el Concejo Deliberante ha violado los artículos 69 y 90 de la Ley n° 8102, pues se ha arrogado el rol de confeccionar el presupuesto y/o incorporar los créditos y el cálculo de recursos al Presupuesto General, competencia exclusiva del intendente municipal. Agrega que esto es así toda vez que se ha dispuesto que el municipio abone la boleta única y todos los gastos eleccionarios de un proceso no previsto en la legislación electoral, sin tomar en cuenta las previsiones presupuestarias que el intendente administra. c. Se aprobó un gasto no previsto sin determinarse su financiación. Explica que la Ley Orgánica municipal establece que toda ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto, debe determinar su financiación (art. 71) y en el presente caso el Concejo Deliberante aprobó gastos sin determinar cómo deben financiarse y sin prever de dónde van a salir los fondos para afrontarlos. d. Violación al sistema electoral establecido en la Ley n° 8102, en este punto señala que la transgresión es doble, por un lado porque establece un doble sistema electoral obligatorio no previsto en la norma básica, y por otro lado porque se ha alterado la modalidad del sufragio mediante la boleta única de sufragio. Recuerda que el Concejo Deliberante no tiene atribuciones para violar la Ley n° 8102.- Atentado al normal funcionamiento de la administración: Arguye que dicha afectación se produce tanto por el impacto que tiene en la comunidad como por la significación presupuestaria que implica la reforma aprobada. Indica que la comunidad local verá alterado el proceso de selección de sus autoridades con un procedimiento no previsto y si bien es cierto que siempre se puede modificar el procedimiento eleccionario, esas modificaciones deben considerarse dentro de lo normado por la Ley n° 8102 hasta tanto exista Carta Orgánica municipal. Agrega que los partidos políticos no fueron consultados y se han manifestado en desacuerdo con la ordenanza en cuestión, canalizando sus protestas mediante acciones de amparo ante la justicia local. Por otra parte manifiesta que el conflicto municipal desatado pone en riesgo el normal funcionamiento de la administración municipal, pues de no declararse inaplicables la Ordenanza en cuestión y su resolución confirmatoria, el Departamento Ejecutivo encontraría dificultades enormes de manejo presupuestario que harían imposible prestar servicios, pagar sueldos y mucho menos ejecutar la obra pública. Manifiesta que el Concejo Deliberante dispuso una doble elección con votación obligatoria de todos los electores de la ciudad que deberá ser pagada por el municipio y el impacto en el erario público que significaría solventar estos gastos es altísimo. Explica que lo reseñado colocaría al municipio en una situación de cuasi quebranto, donde sería muy difícil cumplir con los servicios municipales en forma regular, con el consiguiente daño a los ciudadanos de Cruz del Eje. 2. Medida Cautelar: Solicita se dicte de manera urgente una medida cautelar de no innovar a los fines de mantener el estado actual de la situación, suspendiendo los efectos de la Ordenanza n° 2081/14 y su resolución confirmatoria n° 23/14 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes obrados. Hace reserva del caso federal. 3. De la presentación efectuada se corre vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 67), evacuándola el señor Fiscal General en sentido desfavorable a la procedencia formal de la vía escogida (Dictamen E n° 22, de fecha 11 de febrero de 2015, fs. 68/72). 4. Mediante decreto de fecha 23 de febrero de 2015 (fs. 73), se admite el conflicto interno planteado en los términos del artículo 128 de la Ley n° 8102, se corre vista de la presentación efectuada al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cruz del Eje y se ordena que se abstengan de modificar la situación fáctica y jurídica que diera origen al conflicto planteado, hasta la resolución definitiva del presente litigio o hasta que nuevas circunstancias ameriten otro examen de la presente medida. 5. A fs. 89/97vta. los señores Raúl F. Bazán, Irene E. Bonfiglio, Raúl E. Jacob y Mónica L. Nieto, concejales de la ciudad de Cruz del Eje comparecen y peticionan se rechace lo solicitado por el presentante. Niegan enfáticamente la existencia del supuesto conflicto municipal planteado. Expresan que la Ordenanza n° 2081/14 y la Resolución n° 23/14 fueron dictadas dentro de las atribuciones legales expresamente conferidas al Concejo Deliberante por el artículo 30 inciso 12 de la Ley n° 8102 y aprobadas con las mayorías requeridas para cada caso, por lo que el circuito legislativo se encuentra cumplido y no puede ser considerado motivo para el presente planteo. Remarcan que la actuación cumplida por el órgano legisferante se encuadra en el marco de la competencia otorgada por la Ley Orgánica municipal, sin pretender invadir una competencia otorgada al Departamento Ejecutivo. Rechazan la pretensión referida a que se han arrogado la facultad de tener la iniciativa legislativa para diseñar el presupuesto municipal; entienden que es un absurdo que no se justifica con la realidad. Explican que mediante Resolución n° 23/14 se ratificó la Ordenanza cuestionada, con el voto afirmativo de las dos terceras partes del Cuerpo, situación que colocó al Departamento Ejecutivo en la opción de promulgar la ordenanza o hacer uso de las facultades establecidas por el artículo 151 de la Ley n° 8102, cual es llamar a un plebiscito, sin embargo el Intendente optó por concurrir ante este Tribunal sin tomar esta segunda opción. Recuerdan que la ratificación de la Ordenanza fue en el marco de una sesión extraordinaria y se encontraba incluida en el orden del día a tratar. Arguyen que el presupuesto anual para el año 2015 no ha sido aprobado aún y el Departamento Ejecutivo debe proveer una partida necesaria para la realización del acto electoral correspondiente a la renovación de las autoridades municipales. Afirman que no existe bajo ningún concepto la posibilidad de que la Ordenanza n° 2081/14 atente contra el normal funcionamiento del Departamento Ejecutivo pues pensar que la incidencia económica que pueda tener una elección en un municipio con gran capacidad económica con es el de Cruz del Eje, resulta absurdo. 6. A fs. 98 se corre vista al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión sobre la cuestión sustancial en debate, evacuándolo el señor Fiscal Adjunto mediante Dictamen E nº 139 del 27 de marzo de 2015 (fs. 102/107) en el sentido que no se encuentra configurado el conflicto interno de poderes que amerite la intervención de este Alto Cuerpo. 7. A fs. 110 se dicta el decreto de autos, el que deja la presente causa en estado de ser resuelta. I. COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA No obstante el trámite impreso mediante proveído de fecha 23 de febrero de 2015 (fs. 73) y atento que el mismo fue por considerar que se configuraba prima facie un presunto conflicto interno entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, corresponde analizar si en la especie concurren los presupuestos necesarios que justifican la intervención de este Alto Cuerpo, en tanto como Máximo Órgano Jurisdiccional de la provincia se encuentra investido, por imperio del artículo 165, inciso 1° apartado "c" de la Constitución local, de la competencia para conocer y resolver en forma originaria, exclusiva y en pleno, de los conflictos internos suscitados entre los órganos que conforman el gobierno de las municipalidades. Concretamente, en el sub examine se debe determinar si la situación expuesta por el compareciente, y que es traída a consideración de este Alto Cuerpo, encuadra como un supuesto de conflicto que determine la competencia atribuida al mismo por la norma constitucional. La doctrina pacífica del Tribunal Superior de Justicia, a través de sus distintas integraciones, ha sostenido que se trata de una jurisdicción restrictiva y taxativamente concedida, la que debe ser ejercida dentro de los límites legales so riesgo de afectar las atribuciones conferidas a las autoridades de los municipios y garantizadas constitucionalmente arts. 180 Constitución Provincial y cc.; 123 Constitución Nacional , los que gozan de autonomía en los órdenes político, administrativo, económico, financiero e institucional . II. LA HIPÓTESIS DE CONFLICTO MUNICIPAL INTERNO Frente a tal contexto normativo, es necesario definir los alcances que debe asignarse a un conflicto municipal interno, el cual se presenta como una de las tres hipótesis previstas en el artículo 165, inciso 1 apartado "c" de la Constitución Provincial. Cabe señalar que en el marco delimitador de la previsión constitucional, lo normado por el artículo 128 de la Ley n° 8102 y la doctrina judicial sentada por este Alto Cuerpo, dicho conflicto puede configurarse a partir de dos supuestos diferentes, a saber: a. Conflicto de competencia entre los departamentos o autoridades que componen el gobierno municipal. En estos supuestos, el conflicto interno se produce cuando se suscitan controversias entre los departamentos o autoridades que conforman el gobierno municipal Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Comisión o Tribunal de Cuentas-; cuando éstas se disputan entre sí el ejercicio de una atribución legal o reivindican recíprocamente para sí una atribución o competencia pública que le niegan a la otra. Consecuentemente, el conflicto municipal interno se configuraría cuando un organismo municipal se arroga atribuciones que exceden el marco de su competencia, en detrimento de otro a quien correspondiéndole originariamente, las reclama para sí. Es decir que supone una interferencia de voluntades de los órganos en un mismo sentido o hacia un mismo objeto, traduciéndose en un conflicto de poderes. En tal sentido, se ha sostenido que la expresión conflicto contenida en el texto de la Constitución Provincial debe entenderse como la contienda suscitada entre autoridades, por una opuesta inteligencia respecto al alcance de las facultades que respectivamente se atribuyen. Concepto del que emanan como presupuestos necesarios para la configuración del caso judicial el carácter de autoridad, la existencia de facultades y una contienda o disputa acerca de su extensión . Por aplicación de esta doctrina, sólo cabe admitir la potestad del Máximo Órgano jurisdiccional para dirimir aquellos conflictos o contiendas suscitadas entre autoridades que representen a órganos de un municipio. El concepto de competencia es contemplado tanto en su acepción restringida, como un solo requisito o elemento de legitimidad del acto estatal, o en su acepción amplia, en cuanto abarca la totalidad de dichos componentes, ya que un órgano tiene atribuciones para emitir tal o cual acto en la medida que respete el resto de los requisitos impuestos por el orden jurídico vigente. Es decir que, aún cuando tenga competencia para dictarlo en sentido estricto, si no respeta el procedimiento o la forma fijados por la ley, se habría excedido en sus atribuciones en sentido amplio. b. Desencuentro institucional También se ha admitido la configuración de un conflicto interno municipal cuando media un desencuentro institucional que atenta contra el regular funcionamiento del municipio o de una de sus ramas de gobierno, y la cuestión no pudo ser resuelta dentro de la esfera interna local a través de los mecanismos legalmente previstos. En tal sentido, se ha dicho que a los fines de habilitar la competencia originaria de este Tribunal, no es necesario que el conflicto municipal interno reúna conjuntamente la característica de ser de competencia y que atente contra el regular funcionamiento del municipio, sino que basta la presencia de una de ellas . La doctrina ha señalado que la segunda hipótesis consagrada en el artículo 128 de la Ley n° 8102, cuando alude a los conflictos internos que atenten contra el regular funcionamiento de los organismos municipales, "...se trata de una fórmula muy amplia, que abarca todas aquellas situaciones generadas dentro o entre los organismos municipales y que contrariando una disposición legal, alteren su funcionamiento de manera grave y significativa, al punto de privar que el municipio cumpla con su cometido institucional. A causa del conflicto interno el municipio se ve privado de cumplir con las funciones y finalidades que justificaron su reconocimiento constitucional (...) La ley hace referencia a que el conflicto atente contra el regular funcionamiento de los órganos municipales" . De manera que este segundo supuesto de conflicto municipal interno quedaría configurado cuando en el seno de alguno de los órganos que componen el gobierno municipal o comunal se verifiquen situaciones que tornen imposible su normal desenvolvimiento, afectando en definitiva el funcionamiento del municipio en cuestión. Para ambas hipótesis, se ha sostenido que las diferencias suscitadas por el manejo de la cosa pública y de las atribuciones que competen a cada uno de los órganos municipales, deben encontrar su canal de solución en las disposiciones de la propia Ley Orgánica Municipal o las cartas orgánicas respectivas , a fin de evitar que dichas discrepancias puedan afectar la actividad propia de los órganos del gobierno local, con el objeto de limitar la injerencia del Poder Judicial en aquellos asuntos que son resorte interno del gobierno municipal, de modo tal que afecte lo menos posible el principio de autonomía que debe guiar la actuación de dichos centros de poder. Por ello, y tal como se ha sostenido en anteriores oportunidades, la intervención de este Tribunal Superior sólo es admisible en supuestos absolutamente excepcionales, cuando las disputas o desinteligencias surgidas en el seno del gobierno local, no puedan resolverse dentro del ámbito mismo del municipio mediante la utilización de los mecanismos que la propia Ley Orgánica Municipal contempla. En el caso de marras, la posición sustentada por el presentante permite advertir que la confrontación entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la ciudad de Cruz del Eje presenta ribetes de trascendencia institucional que justifican que este Tribunal se avoque a su estudio. En particular, la controversia se ha planteado en torno a la sanción por parte del Concejo Deliberante de la Ordenanza n° 2081/14 mediante la cual se aprobaron importantes innovaciones en el régimen electoral vigente en la localidad de Cruz del Eje (implementación de las PASO y de la boleta única de sufragio), sin determinar el modo en que se financiarán los gastos que origine la puesta en marcha de la referida reforma. La situación descripta y la inminencia del año electoral que se encuentra transcurriendo a los fines de renovar las autoridades municipales de mandato electivo popular, revelaría la existencia de una controversia de magnitud institucional que importaría un serio riesgo al juego armónico de las instituciones democráticas y republicanas, que conforme a la doctrina antes anunciada, tornarían insoslayable la intervención de este Tribunal Superior de Justicia a fin de dirimir la contienda. III. PRESUPUESTO MUNICIPAL. AUTORIZACIÓN DE GASTOS La temática central en torno a la cual gira la problemática suscitada en la ciudad de Cruz del Eje nos lleva a efectuar un repaso respecto de la importancia que revela el presupuesto en la vida institucional del gobierno municipal. El presupuesto constituye el principal instrumento de acción con que cuenta el gobierno, pues en él se prevén esencialmente los gastos que se realizarán durante el ejercicio para el cual fue aprobado -y para cada área, como salud, educación, obras públicas, etc.- y los ingresos con los que deberán afrontarse dichas erogaciones. Es en este esquema de gastos y recursos que se determinarán las políticas de gobierno que llevarán a cabo las autoridades municipales. Dada la envergadura que reviste la Ordenanza de Presupuesto, pues para el Departamento Ejecutivo constituye una de las normas básicas que orientará toda su actividad, y para el Concejo Deliberante la posibilidad de ejercer el control de la tarea que aquél realiza, es que el artículo 37 de la Ley nº 8102, exige un procedimiento especial, cual es el de la doble lectura y mayoría absoluta para su aprobación (art. 80 de la Ley n° 8102). El presupuesto responde a los caracteres de unidad, generalidad y especificidad. En efecto, una regla básica de organización de toda la actividad pública que despliega el Municipio implica ineludiblemente la confección de un sólo plan económico financiero en el que se prevean todos los gastos que se pretenden realizar y los recursos atinentes a cada erogación. Lo sostenido conlleva necesariamente a que cada partida debe ser destinada exclusivamente al crédito para el que está asignada en el presupuesto. Estos principios resultan esenciales para lograr el orden y buen manejo de las finanzas públicas y poder así llevar adelante las políticas de gobierno; por ello, constituyen premisas básicas a considerar a la hora de resolver el presente conflicto. Sin embargo, puede suceder que durante la vigencia del presupuesto surja la necesidad de realizar erogaciones no previstas en el mismo; en este supuesto, el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley n° 8102 determina que "Toda Ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá determinar su financiación". De lo expuesto, se colige que toda erogación ordinaria o extraordinaria debe tener la provisión de recursos pertinentes, ya sea por haber sido incluida en el presupuesto al momento de su preparación y confección, o efectuándole las modificaciones e incorporaciones de partidas con posterioridad a su sanción, a fin de crear los fondos que fueren necesarios. En la cuestión suscitada en el Municipio de la localidad de Cruz del Eje cabe observar que el órgano deliberativo tiene atribuciones para sancionar su propio régimen electoral local. En efecto, entre las competencias específicas reconocidas al Concejo Deliberante, el inciso 12 del artículo 30 de la Ley n° 8102 incluye la de “Dictar la Ordenanza referida al régimen electoral”, por lo que la sanción de la Ordenanza n° 2081/14 se inscribió dentro del marco de legalidad vigente. No obstante lo señalado se advierte que aunque el órgano deliberativo ha legislado dentro de los límites de sus atribuciones, no se han observado los pasos previstos en la legislación municipal para autorizar los gastos que demandarían la ejecución de la reforma electoral invocada, en tanto no ha determinado la fuente de la que provendrán los recursos para solventar las erogaciones originadas con motivo de los comicios municipales que se convocarían bajo el nuevo régimen electoral aprobado. A su vez, corresponde señalar que es el Concejo Deliberante el que cuenta con mayor decisión sobre el destino del patrimonio del municipio pues si bien, el proyecto de presupuesto reconoce su origen en el Departamento Ejecutivo, es el órgano legisferante el que tiene a su cargo su tratamiento, de manera que si la Ordenanza cuestionada fue aprobada con anterioridad al tratamiento del presupuesto municipal en el seno del Concejo Deliberante, la ausencia de la partida presupuestaria destinada a solventar los comicios municipales convocados para la renovación de las autoridades de base electiva municipal, bajo el imperio de la nueva legislación alegada por el presentante , es una responsabilidad que también debe ser asumida por dicho órgano. En base a dichos conceptos, la Ordenanza n° 2081/14 no responde a la ecuación gasto-previsión presupuestaria al sancionar un nuevo régimen electoral sin contemplar la respectiva asignación de fondos –ya sea mediante su inclusión en el presupuesto anual como a través de la incorporación de una partida presupuestaria especial , en tanto la misma no se endereza a satisfacer el objetivo de lograr un manejo ordenado, equilibrado y responsable de las finanzas públicas. Por ello, cabe concluir que la sanción de la referida ordenanza, en cuanto genera gastos no previstos en el presupuesto y no determina el modo en el que el mismo deberá ser financiado, implicaría una extralimitación en las funciones del Concejo Deliberante. Debe advertirse en este sentido, que las autoridades públicas, en tanto representantes del interés de la comunidad que gobiernan, deben ajustar su actuación al marco de legalidad vigente y toda erogación debe contar con la correlativa previsión presupuestaria y estar en una adecuada relación con la capacidad económica del Municipio en función de los compromisos ya asumidos, a fin de evitar futuros descontroles que podrían producir, en última instancia, serios conflictos derivados del manejo irregular o desprolijo de las arcas municipales. IV. PECULIARIDADES DE LA CAUSA Las circunstancias pocos claras que rodean al caso no permiten llegar a una decisión informada respecto a la legalidad del procedimiento seguido para arribar a la sanción de la Ordenanza cuestionada. En este sentido, de las constancias agregadas al expediente no se advierte claramente cuáles fueron los asuntos a considerar en la sesión extraordinaria convocada por el señor intendente municipal para el día 26 de diciembre de 2014 mediante Decreto n° 4/14 (fs. 23/24). Por una parte en el artículo primero del documento de convocatoria, donde se mencionan los temas a tratar en dicha sesión, no se encuentra incluido el tratamiento del Decreto n° 450/14, por medio del cual el Departamento Ejecutivo vetó la Ordenanza 2081/14. No obstante esa delimitación de los temas a considerar (de trascendental importancia para el desarrollo de una sesión extraordinaria), entre las “Comunicaciones oficiales” mencionadas en los “Asuntos entrados” se menciona el referido decreto, para luego culminar con una suerte de repetición de los temas considerados en el orden del día sin aludir, nuevamente, al tratamiento del veto en cuestión. De lo reseñado no surgen de manifiesto y sin lugar a dudas los temas que fueron considerados como asuntos a tratar durante el transcurso de la sesión convocada por el Departamento Ejecutivo. Por otro lado, de los términos de la Resolución n° 23/14, que ratifica la Ordenanza n° 2081/14, surge que “Habiendo tomado estado parlamentario el mencionado Decreto n° 0450/14 del Departamento Ejecutivo Municipal, se mocionó su incorporación al orden del día, constitución del Concejo en Comisión y tratamiento del mismo”, lo cual –en principio excedería los asuntos habilitados para tratar en la sesión extraordinaria. Las vicisitudes apuntadas en la presente causa y la altura del año electoral en la que nos encontramos, aconsejan a este Tribunal no adoptar decisiones de fondo que impliquen una modificación al régimen electoral de la ciudad de Cruz del Eje. Asimismo, resulta oportuno recordar al titular del Departamento Ejecutivo municipal que la competencia reconocida a este Tribunal por la Constitución Provincial no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularidades en que puedan incurrir los órganos municipales o algunos de sus integrantes, sino sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que intrínsecamente revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones municipales, siempre que la normalización no sea posible de lograrse internamente por las vías legales pertinentes, y máximo resguardo constitucional de la autonomía municipal. En tal sentido, cabe mencionar que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley Orgánica municipal brinda al Departamento Ejecutivo un mecanismo explícitamente previsto para decidir la suerte de aquellas ordenanzas que resulten observadas por el titular del Departamento Ejecutivo pero insistidas en su sanción por el Concejo Deliberante. V. CONCLUSIÓN Por los argumentos expuestos corresponde declarar la inaplicabilidad de la Ordenanza n° 2081/14 en el proceso electoral local que tendrá lugar durante el año en curso, en tanto no se ha determinado la financiación de las erogaciones que implicaría la puesta en marcha de la reforma electoral sancionada. VI. COSTAS En cuanto a las costas generadas se estima que, atento a la especial naturaleza de la cuestión debatida corresponde establecerlas por el orden causado (art. 130 C.P.C. y C.). Así votamos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATTI Y SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, DIJERON: CORRESPONDE: I. Hacer lugar al conflicto planteado por el señor Intendente de la ciudad de Cruz del Eje y en su consecuencia, declarar la inaplicabilidad de la Ordenanza n° 2081/14 en el proceso electoral local que tendrá lugar durante el año en curso.- II. Recordar al titular del Departamento Ejecutivo municipal que la competencia reconocida a este Tribunal por la Constitución Provincial no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularidades en que puedan incurrir los órganos municipales o algunos de sus integrantes, sino sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que intrínsecamente revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones municipales, siempre que la normalización no sea posible de lograrse internamente por las vías legales pertinentes, y máximo resguardo constitucional de la autonomía municipal. III. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 C.P.C. y C.). Por el resultado de los votos emitidos, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE: I. Hacer lugar al conflicto planteado por el señor Intendente de la ciudad de Cruz del Eje y en su consecuencia, declarar la inaplicabilidad de la Ordenanza n° 2081/14 en el proceso electoral local que tendrá lugar durante el año en curso. II. Recordar al titular del Departamento Ejecutivo municipal que la competencia reconocida a este Tribunal por la Constitución Provincial no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularid2ades en que puedan incurrir los órganos municipales o algunos de sus integrantes, sino sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que intrínsecamente revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones municipales, siempre que la normalización no sea posible de lograrse internamente por las vías legales pertinentes, y máximo resguardo constitucional de la autonomía municipal. III. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 C.P.C. y C.). Protocolícese y dese copia.- DR. DOMINGO JUAN SESIN PRESIDENTE DRA.. AÍDA LUCÍA TARDITTI DR. LUIS ENRIQUE RUBIO VOCAL VOCAL DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO VOCAL VOCAL DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI DR. SEBASTIÁN LOPEZ PEÑA VOCAL VOCAL