Jurisprudencia Sala Electoral y de Competencia Originaria

ACCIÓN DE AMPARO – PROCEDENCIA – MUNICIPALIDAD – ACTIVIDADES COMERCIALES DEPORTIVAS – RÉGIMEN DE HORARIOS – ARBITRARIEDAD.


SENTENCIA NÚMERO: SEIS.- En la ciudad de Córdoba, a VEINTICUATRO días del mes de JUNIO de dos mil quince, siendo las ONCE Y TREINTA horas, se reúnen en Acuerdo Público los señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc de Arabel, Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollatti Carlos Francisco García Allocco y Sebastián Cruz López Peña, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: “MURGIA CLAUDIO JAVIER C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ - AMPARO - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. nº 2170049/36, iniciado el 16 de mayo de 2011), con motivo del recurso de casación interpuesto por la parte actora, procediéndose a fijar las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: I.- A fs. 407/416 la parte actora interpone recurso de casación en contra de la Sentencia número Noventa dictada con fecha veintiuno de junio de dos mil doce por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad de Córdoba mediante la cual se resolvió “Hacer lugar a la apelación y rechazar la acción de amparo, con costas por el orden causado” (fs. 403/406vta.). I.a. Carácter definitivo de la resolución impugnada Expresa que la sentencia que se impugna es definitiva o equiparable a tal, conforme lo previsto en el artículo 384 del C.P.C. y C., máxime atendiendo que se rechaza la acción de amparo y que dicho rechazo lo ha sido de manera arbitraria, privándolos de la tutela jurisidiccional efectiva, ocasionándoles un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior. En esta línea agrega que de ser mantenida la resolución se los privaría de la tutela judicial efectiva máxime cuando la acción declarativa de inconstitucionalidad que mal pretende de aplicación el sentenciante no se corresponde con la naturaleza de la pretensión esgrimida en la causa, siendo excepcional y subsidiaria, de imposible acceso. Asegura, además, que la demora propia de la acción implicaría la ruina de su representado dado que el horario en el que se veda su actividad comercial es aquel en el cual la mayoría de la población utiliza dicho servicio. Luego de ello invoca el cumplimiento de las formalidades en la interposición del recurso y realiza una breve reseña de la cuestión litigiosa. I.b. Motivo casatorio Expone que la casación se basa en los motivos consagrados en los incisos 1 y 2 del artículo 383 del C.P.C. y C., es decir cuando la decisión se hubiera dictado violando los principios de congruencia o de fundamentación lógica y legal, o que se hubiera dictado con violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la sentencia (art. 383 inc. 1, C.P.C. y C.), o que se hubiera violado la cosa juzgada (art. 383 inc. 2, C.P.C. y C.). Esgrime que la materia invocada en la resolución es de carácter estrictamente procesal, tal las facultades del juzgador, la interpretación de normas procesales y desde ellas la inaplicación sin justificación alguna del complejo normativo procesal civil de aplicación supletoria, todo lo cual torna a la decisión de violatoria de las formas y solemnidades prescriptas para la sentencia. Asegura además que la sentencia atacada ha sido dictada en violación del principio de congruencia en razón de que su decisión no ha sido tomada a la luz de los datos que definen la controversia, y por el contario se ha fundado en meras declaraciones abstractas absolutamente inaplicables a esta causa, todo lo cual la invalida. Esgrime que tan arbitraria es la sentencia que hace decir a la ley procesal lo que ésta no dice y por ello la afirmación dogmática que denuncia por su apartamiento a la realidad procesal de la causa. I.c. La denegatoria de la casación fundada en razones brindadas por la Cámara vulnera el principio de congruencia procesal y violenta la cosa juzgada i) Violación de la congruencia procesal Relata que la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz, en su informe del artículo 8 centra su embate en la caducidad del plazo para la presentación del amparo y que luego, tras la sentencia de primera instancia que deniega dicho argumento admitiendo la demanda, vuelve a fundar su defensa en la misma cuestión. Asevera que habiendo quedado así trabada la litis no existe norma procesal alguna que faculte al Tribunal de Alzada a salirse de la plataforma jurídica y fáctica procesal. ii) Violenta la cosa juzgada Refiere que la sentencia de primera instancia trata específicamente el problema de la admisibilidad del amparo, analizando incluso la cuestión de la inexistencia de otra vía, concluyendo en la admisibilidad tanto formal como sustancial del amparo. Asegura que al no haber impugnado la Municipalidad de Villa Carlos Paz este último argumento de admisibilidad, el mismo se encuentra consentido y pasado a autoridad de cosa juzgada. Estima que al no ser objeto de crítica, no se ha habilitado a la Cámara a tal tratamiento, habiendo en consecuencia violado la cosa juzgada, todo lo cual torna procedente esta casación fundada en el inciso 2 del artículo 383 del C.P.C. y C. I.d. Crítica de los argumentos de la sentencia de Cámara referidos a los puntos anteriores Expresa que la sentencia brinda una serie de erróneos argumentos respecto de la inadmisibilidad del amparo, entendiendo sobre todo la existencia de otra vía procesal como la acción directa de inconstitucionalidad. Asevera que yerra el sentenciante al afirmar que no existe otro tipo de pretensión en el amparo y que sólo se trataría de una pretensión meramente declarativa de inconstitucionalidad. Expone que del texto de la demanda surge que no se trata de una única pretensión meramente declarativa de inconstitucionalidad sino que la pretensión de inconstitucionalidad es incidental o soporte de la pretensión del amparo para poder continuar con la actividad comercial que se lesionaba, y que por ello el juez de primer grado habilita el funcionamiento de tal actividad. Aduce que lo señalado por la Cámara en cuanto a que no se había pedido autorizar al amparista a desarrollar la actividad comercial que desempeña y que no puede el órgano jurisdiccional otorgar una autorización o habilitación administrativa porque con ello se invade indebidamente el ámbito de atribuciones privativas del órgano administrador, vulnerando el principio de división de poderes, no había sido planteada por el impugnante en su recurso de apelación. Explica que en el amparo, cuando se levanta contra una decisión municipal que es irracional, el juez debe asumir su jurisdicción, controlar la razonabilidad del acto, y en su caso amparar al ciudadano en contra de la arbitrariedad del poder. Afirmar que en el caso no hay otro modo de amparar en concreto que mediante la autorización de la realización de la actividad comercial tal cual fue pretendida en la demanda. Cita el artículo 12 de la Ley n° 4915. Refiere que queda demostrado que la afirmación de la Cámara es contra legem, pues la misma norma del amparo que regula la sentencia impone este tipo de actividad por el juez. Arguye que es abstracta y nada tiene que ver con la causa la afirmación de la Cámara en cuanto a que los jueces inferiores sólo están facultados para ejercer el control de constitucionalidad cuando esta aparezca, por planteo de parte o de oficio, como una cuestión incidental previa y necesaria para resolver sobre otra pretensión principal, sea en un amparo o en cualquier clase de proceso, pero de ninguna manera pueden hacerlo en un proceso en el cual la declaración de inconstitucionalidad constituye la pretensión única o principal. Luego de transcribir la pretensión deducida en la demanda en cuanto pide se le permita extender el horario de su actividad hasta las cero horas de lunes a domingo, postula que el error de la Cámara constituye una inadvertencia del líbelo introductorio del amparo, lo cual la condujo a efectuar estas consideraciones abstractas y ajenas al caso, incurriendo en incongruencia infra petita desde que no aborda uno de las capítulos propios de la acción principal y desde dicho error se deriva en este segundo aquí denunciado, tal el de efectuar consideraciones dogmáticas y abstractas fuera de la realidad del dossier. Colige de ello que la sentencia deviene también en arbitraria desde que se le ha denegado la respuesta judicial propia sobre el capítulo o pretensión principal del amparo, que bien había entendido el juez de primer grado y que por ello no había sido motivo de agravio por el apelante, lo cual, aduce, agrava más la nulidad de la sentencia que casan. Estima que atento a que en la demanda se ha formulado pretensión propia de amparo, la vía que aconseja como posible, la acción directa de inconstitucionalidad, no es una vía ordinaria sino que se trata en realidad de una vía extraordinaria, de tipo excepcional conforme la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Aduce que no es posible tener dos acciones excepcionales y subsidiarias a la vez. Refiere que con la afirmación en torno a que el hecho de que las razones que conducen a acoger la apelación no hayan sido propuestas no importa vulnerar el principio de congruencia, queda explícita aún más la violación a las reglas y solemnidades que rigen el procedimiento y la sentencia. Al respecto esgrime, en primer lugar, que la congruencia no se refiere únicamente a cuestiones de hecho sino también a cuestiones de derecho, sobre todo si se entiende que la pretensión procesal en su elemento causal está conformada por el hecho invocado y su imputación jurídica. En segundo lugar, expone, no puede válidamente sostener el sentenciante que dado el carácter excepcional de la acción de amparo ello importaría sustraer el caso de las vías procesales previstas como ordinarias por la legislación, puesto que implica el desconocimiento de las normas supletorias imperantes en el juicio de amparo consecuencia además de la competencia difusa que al mismo se ha otorgado. Considera que es de aplicación subsidiaria a la causa el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y que por tanto han sido desconocidas las previsiones de los artículos 330, 332 y 335 de dicho cuerpo normativo, en cuanto establece el principio de congruencia y la competencia del tribunal de alzada sobre puntos que hubieren sido sometidos a juicio en la primera instancia. Concluye que todo esto invalida la sentencia por incongruente y por violación a los principios y reglas que rigen el proceso y la sentencia (art. 383, inc. 1). Manifiesta que también es violatorio de la cosa juzgada, toda vez que las cuestiones firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada, el tribunal de apelación no puede revisarlas ni resolverlas. Refiere en tercer lugar, que deviene insostenible el argumento de que debe velar por los presupuestos de la acción de amparo, máxime si se encuentra comprometida la competencia del Tribunal Superior de Justicia, toda vez que no existe norma procesal que le imponga tal deber. Entiende que se violenta expresamente el último párrafo del artículo 1 del C.P.C. y C, que establece la oportunidad de la declaración de inconstitucionalidad oficiosa, prohibiéndola a posteriori de la admisibilidad de la demanda. Refiere que en el caso, las afirmaciones de la Cámara y su modo de planteo implican una especie de declaración oficiosa de incompetencia, todo sin haber sido planteado por las partes ni haber intervenido el Ministerio Público Fiscal, intervención necesaria bajo sanción de nulidad. Finaliza asegurando que todo le demuestra, una vez más, que el decisorio que impugna ha violentado la congruencia y las normas, principios y reglas que rigen el procedimiento y la sentencia, siendo en consecuencia esta casación admisible por vía del primer inciso del artículo 383 del C.P.C. y C. Solicita que en definitiva se haga lugar al recurso, se case la sentencia en crisis y se mantenga en un todo la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo, todo con costas. II. Corrido traslado a la contraria mediante proveído de fs. 417, ésta lo contesta a fs. 418/423, solicitando se declare inadmisible el recurso de casación intentado por la contraria, con especial imposición de costas. A tal fin sostiene que el recurso es formal y sustancialmente inadmisible puesto que, en primer lugar, no es autosuficiente y carece de argumentos sustentadores, limitándose por el contrario a exhibir la mera discrepancia del recurrente con el criterio del tribunal. Aduce que el accionante sostiene que el fallo es arbitrario y que decide en violación a las reglas de la congruencia procesal, desconociendo los límites de la cosa juzgada; pero no rebate en concreto, los argumentos del mismo. Asegura que el resolutorio cuestionado es por demás claro y preciso al respecto, que no hay ni hubo en el pronunciamiento de Cámara lesión alguna al derecho de defensa de la contraria, susceptible de habilitar la vía casatoria que la accionante intenta. Señala que la contraria parece no tener en cuenta el principio iura novit curia, especialmente en la materia como la de autos, constitucional, lo cual amerita un pronunciamiento como el dictado en estos obrados, aun de oficio. Afirma que este Tribunal ha precisado que la acción declarativa de inconstitucionalidad es la vía adecuada para canalizar el planteo de la actora de autos. Entiende que en la provincia de Córdoba la analogía existente entre la acción de amparo y la de inconstitucionalidad se torna escindible porque la competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia para pronunciarse sobre el particular, cuando lo controvertido es materia constitucional, de alcance impersonal y abstracto, no deja ninguna clase de dudas, surge del texto de la Carta Magna Provincial, y así ha sido puesto de relieve de modo prolijo y exhaustivo al fallar en autos. III. Por Auto n° 327 de fecha doce de setiembre de dos mil doce, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación resolvió conceder el recurso de casación incoado (fs. 424 y vta.), elevando los presentes a este Cuerpo (fs. 427/8). IV. Recibidos éstos, mediante decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, se da intervención al Fiscal General de la Provincia (fs. 430). V. Notificada la Sra. Fiscal Adjunta de la Provincia (fs. 431), se dicta el Decreto de autos, el que firme, deja la causa en estado de ser resuelta. VI. EL RECURSO DE CASACIÓN El recurso de casación ha sido deducido en tiempo oportuno, por quien se encuentra procesalmente legitimado al efecto; fundándolo en las causales de violación de los principios de congruencia y fundamentación lógica y legal y de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento, todo lo cual habilita a este Tribunal a analizar se concurren los demás requisitos para su procedencia. VII. LOS ANTECEDENTES Sentado lo anterior, una breve sinopsis de las constancias de la causa nos permitirá una mejor comprensión del asunto traído a consideración. VII.1. La presente causa se inicia a raíz de la acción de amparo interpuesta ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz a fin de dejar sin efecto el Decreto n° 1023/2010 de la Municipalidad de dicha ciudad en cuanto establece el horario de actividades deportivas como fútbol, por su manifiesta arbitrariedad irrazonable, exceso legal notorio y abierta inconstitucionalidad, procurando con ello el desarrollo normal de la actividad comercial que lícitamente ejerce (fs. 25vta). Postula que “…lo que aquí se pretende (…) es (…) se me permita extender el horario de mi actividad por los menos hasta las 00.00 hs. de Lunes a domingos, tal como funcionaba al momento de otorgarme la primer habilitación”. VII.2. El citado Tribunal, por Sentencia n° 14, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, resolvió hacer lugar al amparo y en consecuencia autorizarlo a desarrollar la actividad comercial que desempeña de conformidad al horario dispuesto en el artículo 1 del Decreto n° 1023/DE/2010 (fs. 370/379vta.). Basó su resolución, en lo esencial, en los argumentos que a continuación se relatan. Dado que la vigencia de dicho acto reglamentario había sido suspendida por Decreto n° 60 de fecha veintiuno de enero de dos mil once; el que fuera dejado sin efecto mediante Decreto n° 246 del veintiuno de marzo de dos mil once; concluyó que la acción de amparo había sido tempestivamente interpuesta dentro del plazo de quince días hábiles establecido por la Ley n° 4915, resultando por ende formalmente admisible. Plantea que existe un hecho lesivo invocado por el actor en función de una reglamentación comunal dictada en el marco del poder de policía concedido a la demandada.- Así las cosas, señala que lo que se debe determinar es si la restricción al dominio impuesta por la Comuna soporta el test de razonabilidad. Entiende que el decreto no resulta razonable, puesto que de la prueba colectada surge que el escribano interviniente se ha presentado en diferentes emprendimientos de similares características al del actor y ha constatado que se encontraban en actividad pese a haberse vencido el horario establecido por la normativa. Añade que la Administración no enuncia ni surge implícito cuál es el interés común que se ha querido privilegiar con el dictado del decreto atacado, no tiene ninguna fundamentación que explique el motivo de otorgarle un mayor horario de apertura a los parques de diversiones, alquiler de vehículos con motor o actividades de entretenimientos similares en contraposición con el autorizado a las actividades deportivas como canchas de fútbol, tenis o paddle. Esgrime que si el fundamento de establecer horarios es respetar los tiempos de descanso de los vecinos cercanos a ese tipo de emprendimientos, carece de sentido que se le otorgue un horario más extendido a un parque de diversiones o un comercio dedicado al alquiler de vehículos de motor que a un emprendimiento deportivo como la cancha de fútbol o de paddle. Añade que el informe pericial efectuado por un especialista en ambiente, en pruebas que se hicieron en distintos horarios, arrojó como resultado que no hubo constancia de ruidos que superaran los 55 Db, cuando el límite de tolerancia según la Organización Mundial de la Salud va de un rango de 65 a 68 Db. VII.3. Contra tal resolución, la demandada articuló recurso de apelación, el que fue acogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación mediante Sentencia n° 90 del veintiuno de junio de dos mil doce (fs. 403/406vta.). Afirma que en realidad, lo que la actora ha sometido a juzgamiento bajo la apariencia de una acción de amparo, es una pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía principal, que lejos de encontrar cause procesal por la vía intentada debe ser canalizada por el que contempla el artículo 165, inciso 1 de la Constitución Provincial. Esgrime que no se halla en la demanda ninguna petición que exteriorice una pretensión de condena hacia la demandada y que ésta se agota en la mera declaración de inconstitucionalidad, nulidad e ineficacia del decreto en cuestión, que es una norma de carácter general y abstracto. No hay un cuestionamiento a un acto lesivo que importe la aplicación concreta al accionante de esa norma, caso en el cual el amparo sería procedente y en él el juez tendría que pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad por vía indirecta o incidental. De ahí que no se ajusta a derecho lo dispuesto en el punto I de la parte resolutiva de la sentencia apelada, cuando decide “…autorizarlo (al accionante) a desarrollar la actividad comercial que desarrolla”, ya que no se había pedido eso en la demanda y, además, no puede el órgano jurisdiccional otorgar una autorización o habilitación administrativa porque con ello invade indebidamente el ámbito de atribuciones privativas del órgano administrador, vulnerando el principio de división de poderes. Asegura que la verdad es que el planteo que se formula en la demanda se caracteriza por su generalidad y no pone el acento en la concreta situación del derecho que se pretende tutelar. Aclara que si bien es cierto que en la demanda se hace referencia en particular a la concreta actividad comercial que el actor realiza habilitado por la Municipalidad demandada y al modo en que los horarios que fija el Decreto n° 1023/2010 afectaría sus derechos, pero esa referencia se hace al sólo efecto de acreditar la legitimación activa, en la misma forma en que debió haberlo hecho si acudía a la vía correcta que es la del artículo 165, inciso 1, apartado “a” de la Constitución Provincial, que exige que la acción directa de inconstitucionalidad sea planteada en caso concreto y por parte interesada. Refiere que a partir de la reforma constitucional federal de 1994, al admitirse expresamente en el artículo 43 C.N. el planteo en el amparo de la inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto lesivo, la diferencia entre la acción directa de inconstitucionalidad y la acción de amparo se ha desdibujado y en muchos casos se tiende a confundirlas o asimilarlas. Considera que esa diferencia resulta casi intrascendente en el orden nacional, porque allí impera el sistema de control difuso de constitucionalidad en todos los casos y, por ende, determinar en cada caso si se trata de un amparo o de una acción declarativa de inconstitucionalidad sólo incide en cómo caratular la causa y en alguna diferencia en su trámite; pero en el orden provincial es imprescindible fijar nítidamente la línea divisoria entre una y otra acción, porque la Constitución Provincial establece un sistema de control de constitucionalidad mixto en cuanto al órgano, porque es concentrado en el Tribunal Superior de Justicia el control por vía directa o de acción y es difuso el control por vía directa o incidental. Asevera que los jueces inferiores sólo están facultados para ejercer el control de constitucionalidad cuando ésta aparezca, por planteo de parte o de oficio, como una cuestión incidental previa y necesaria para resolver sobre otra pretensión principal, sea en un amparo o en cualquier clase de proceso, pero de ninguna manera pueden hacerlo en un proceso en el que la declaración de inconstitucionalidad constituye la pretensión única o principal, porque el artículo 165, inciso 1, apartado “a” de la Constitución provincial ha reservado esa competencia en forma exclusiva al órgano máximo del Poder Judicial. Arguye que esto es lo que ocurre en el caso de autos en donde la obtención de una declaración jurisdiccional de invalidez del Decreto n° 1023/2010 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz por ser violatorio de derechos amparados por la Constitución es prácticamente la única pretensión. Sostiene que la acción entablada en estos autos va directamente dirigida contra un acto normativo de carácter general y abstracto (el decreto que fija el régimen de horarios para espectáculos y actividades recreativas al aire libre y para actividades comerciales deportivas) y no contra un acto concreto e individualizado en la persona del actor que lesiona o amenaza sus derechos. Sólo en esta última hipótesis -que no es la de autos- estaríamos frente al supuesto de los artículos 43 Constitución Nacional y 48 de la Constitución Provincial y en tal caso, la vía del amparo sería admisible aunque fuera necesario declarar la inconstitucionalidad de una ley u otro acto de carácter general como medio para determinar la ilegitimidad del acto lesivo. Aclara que el hecho de que estas razones que conducen a acoger la apelación no hayan sido propuestas por el apelante no importa vulnerar el principio de congruencia. Por un lado porque se trata de cuestiones de derecho y no de hecho y, además, porque dado el carácter excepcional de la acción de amparo que importa sustraer el caso de las vías procesales previstas como ordinarias por la legislación y, en casos como el presente, también de los tribunales designados por la ley como competentes en razón de la materia, el tribunal de alzada debe verificar aún de oficio que concurran los requisitos que tornan admisible la vía intentada. Con mayor razón aun cuando, como ocurre en el caso de autos, se encuentra en juego la competencia asignada en forma originaria y exclusiva por la propia Constitución Provincial al Tribunal Superior de Justicia. VIII. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS El examen de los antecedentes de la causa pone de manifiesto la configuración de los vicios casatorios que el recurrente endilga a la sentencia en orden a una supuesta falta de congruencia y violación a los principios y reglas que rigen el proceso y la sentencia. Ello puesto que el Tribunal de apelación se pronuncia por la inadmisibilidad de la acción de amparo sobre la base de que la pretensión se agota en la mera declaración de inconstitucionalidad del Decreto n° 1023/DE/2010, sin que afirma- exteriorizara pretensión de condena alguna. Empero, consultados los antecedentes de la causa surge que el amparista no sólo busca tal colofón sino que expresamente peticiona que se le permita “…extender el horario de su actividad por lo menos hasta las 00.00 de lunes a domingos, como funcionaba al momento de otorgarme la primera habilitación” (fs. 26). Así las cosas, lo decidido por el a quo viola el principio de razón suficiente -en su faz ontológica-, toda vez que el decisorio se sustenta en una falsa representación de la realidad sobre la cual debía recaer su juicio; esto es, se configura el supuesto de errónea percepción de las constancias de la causa, desde que la solución dada por la Cámara interviniente no resulta una derivación razonada de aquellas, como lo expone el casacionista. Tales razones bastan para casar la Sentencia número Noventa dictada con fecha veintiuno de junio de dos mil doce por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad. En función de tal conclusión y a fin de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal, corresponde fallar sin reenvío la cuestión, considerando, la solvencia argumental de la sentencia de primera instancia en cuanto admitió el amparo, ponderando la configuración de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del obrar de la Municipalidad de Carlos Paz. IX. SOLVENCIA ARGUMENTAL DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA IX.a. La ordenanza cuestionada Conforme al encuadre de la causa efectuado precedentemente, el asunto debatido estriba en el cuestionamiento formulado por el amparista, quien se encuentra habilitado por la Municipalidad de Carlos Paz para ejercer un comercio dedicado a la explotación de canchas de fútbol por el Decreto n° 1023/DE/2010 en cuanto establece que tales actividades deportivas (canchas de fútbol, tenis, paddle y otros afines o similares) se desarrollarán “…dentro del siguiente horario todo el año: Mañana: 9.00 a 13.00 hs. Tarde: 16.30 a 21.30 hs.”. Contrariamente, dicho acto reglamentario para los espectáculos y actividades recreativas al aire libre en dicha ciudad, tales como parques de diversiones, alquiler de vehículos con motor o actividades de entretenimientos similares, dispone que se desenvolverán “…dentro de los siguientes horarios: HORARIO DE VERANO (del 1º de diciembre al 31 de marzo): Mañana: 09.00 a 13.00 hs Tarde: 16.30 a 02.00 hs. RESTO DEL AÑO: Mañana: 09.00 a 13.00 hs Tarde: 16.30 a 24.00 hs.”. En consecuencia, argumentando la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de tal norma, solicita que se habilite su actividad comercial por lo menos hasta la hora veinticuatro, tal como acontecía al momento de otorgarle la primera habilitación. IX.b. La ilegalidad o arbitrariedad del acto lesivo como presupuesto esencial del amparo A la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional y el 48 de su par Provincial, la acción de amparo debe transitar por el insoslayable carril de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta a los efectos de su procedencia. En efecto, se trata de un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal expedita y rápida, condicionada -entre otros recaudos- a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial . En tal sentido ha dicho este Tribunal Superior que resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o recursos comunes. Su procedencia transita por el estrecho cauce de aquellos casos en que a la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta (artículo 1 de la Ley n° 4915) se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias (artículo 2 inc. a de la Ley n° 4915) . IX.c. Escrutinio de razonabilidad de la ordenanza cuestionada Sentado lo anterior y a los fines de demostrar la solvencia argumental de la sentencia del Juzgado interviniente deviene menester advertir que la cuestión suscitada gira en torno a determinar si la disposición de la Municipalidad de Carlos Paz plasmada en el Decreto n° 1023/DE/2010, que impide al amparista desarrollar su actividad comercial dedicada a canchas de fútbol a partir de las veintiuna y treinta horas, responde a estándares de razonabilidad o, en su caso, se torna arbitraria. Ello en tanto éstos se erigen como un patrón de valoración decisivo de la constitucionalidad de todo acto de reglamentación o restricción de derechos dictados en nuestro Estado de Derecho por imperio del artículo 28 de la Constitución Nacional. En este orden el Tribunal Superior ha dicho que la razonabilidad implica congruencia, proporción, adecuada relación de medio a fin; mientras que el exceso identifica lo irrazonable . La constitucionalidad de la medida estará condicionada a la circunstancia que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y, además, a la adecuación de las restricciones que se le imponen, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, esto es, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procura alcanzar con ellas . En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una técnica que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, en base a un criterio mitad racional y mitad justo, pudiendo relacionarse con las más diversas modalidades del ejercicio de la función pública. Se refiere a la justificación teleológica de la medida administrativa adoptada, autorizando la distinción de tratamiento en razón de los objetivos que con ella se persiguen . Es atinente al respecto la doctrina que sostiene que "... si la razonabilidad de las leyes es la adecuación de todos sus factores con el sentido constitucional, esto significa que tanto las circunstancias del caso tenidas en cuenta por el legislador, como los medios elegidos y los fines propuestos, deben guardar una proporción entre sí (razonabilidad interna del acto) y, además, que las leyes deben ajustarse al sentido constitucional formado por los motivos tenidos en cuenta por el constituyente, por los fines propuestos, por los valores jurídicos fundamentales y por los medios previstos (razonabilidad externa del acto). De modo tal que la restricción (reglamentación) de los derechos previstos en la Constitución (los derechos no son absolutos), no excedan el límite que asegure la subsistencia de los mismos" . En la tarea de aplicar tales conceptos al caso, la primera observación consiste en referenciar que el texto de la ordenanza cuestionada no proporciona motivos o razones en función de los cuales decide reducir el horario de habilitación para la práctica de actividades deportivas como fútbol, mientras que establece otro para los espectáculos y actividades recreativas al aire libre como parques de diversiones o de entretenimientos similares. Repárese que, conforme lo señala el Juez de Primera Instancia en su sentencia, la habilitación municipal solicitada por el señor Murgia se dispuso bajo la vigencia de los Decretos n° 26/A80 y n° 26/A/93, que establecían un horario hasta las veinticuatro horas y en verano hasta las dos de la mañana para las actividades recreativas que se desarrollen al aire libre (i.e. parques de diversiones, pistas de karting, kermeses, alquiler de vehículos, calesitas - fs. 377). El Decreto n° 1023/DE/2010, en su primer artículo determinó para todos los espectáculos y actividades recreativas que se realizan al aire libre en verano hasta las dos de la mañana y el resto del año hasta la hora veinticuatro. En cambio, en el artículo 2, establece un solo horario para todo el año -hasta las veintiuna y treinta horas-, cuando se trate de actividades comerciales deportivas (i.e. fútbol, tenis y similares). La solución contenida en dicho acto reglamentario, en cuanto implica una merma respecto de la situación anterior, debió explicitar las razones o motivos sustentadores de la decisión a los fines de dotarla de la debida legalidad. No basta a tal fin la invocación del descanso y tranquilidad de la población en general, debiendo haber justificado el por qué de la distinción con otro tipo de actividades recreativas que también generan ruidos, circulación y movimientos de personas, estando en iguales condiciones a la hora de formular el juicio de ponderación. A tal déficit, se suma lo dictaminado por la pericia oficial realizada por un especialista judicial en ambiente, en cuanto expuso que en los distintos horarios en los que se hicieron pruebas no hubo constancias de ruidos que superaran los 55 Db, arrojando un valor promedio de 49 Db (fs. 284/292). Ello, máxime, cuando las actividades deportivas significan un auténtico derecho para la población en general en cuanto persiguen el esparcimiento y recreación, todo lo cual pone de manifiesto que la cuestión rebasa los contornos de lo individual y trasciende a otros derechos de los ciudadanos. Dicha premisa se halla reflejada en la Constitución Provincial en el artículo 19, inciso 13, cuando reconoce el derecho al deporte y cuando en el artículo 56 establece la obligación del Estado de promover actividades de interés social que tiendan a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo. Bajo este prisma, es sabido que por cuestiones climáticas, laborales, sociales y culturales, es costumbre instaurada el juego del fútbol al finalizar las jornadas laborales, esto es a partir de las veinte horas durante la semana, por lo que limitar dicho horario perjudica en forma notable su desarrollo. Así lo pondera el Juez de Primera Instancia al señalar que las reglas de la experiencia nos indican que el horario en que tiene mayor actividad la práctica de dicho deporte es desde el atardecer hasta la noche (cfr. fs. 379 vta.). Tales antecedentes dan cuenta de la falta de razonabilidad del Decreto n° 1023/DE/2010 dictado por la Municipalidad de Carlos Paz, al reducir la franja horaria de determinada categoría de complejos deportivos, sin que ello implique ninguna modificación y mucho menos algún tipo de riesgo a bienes culturales; lo que confirma su arbitrariedad. Tan es así, que el mismo ente municipal, rectificó la decisión plasmada en el acto reglamentario cuestionado mediante Decreto n° 248 del veintitrés de marzo de dos mil once, ampliando el horario hasta las once y treinta horas; empero inexplicablemente exceptúa a las actividades deportivas que fueron habilitadas con horario específico, las cuales –determina- deberán cumplir el horario con el que fueron habilitadas. Como corolario de todo ello y lo actuado por la Municipalidad de Carlos Paz debe ser declarado inaplicable el Decreto n° 1023/DE/2010 dándole plena vigencia en el caso al Decreto n° 248 del veintitrés de marzo de dos mil once, extendiendo el horario de habilitación para el complejo deportivo hasta las 23.30 hs. X. COSTAS En función de las vicisitudes de la causa se estima pertinente imponer las costas por su orden (art. 130 del C.P.C. y C. por remisión del art. 17 de la Ley n° 4915). Así votamos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON: Corresponde: Hacer lugar al recurso de casación y en su mérito, casar la Sentencia número Noventa dictada con fecha veintiuno de junio de dos mil doce por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad. II. Confirmar la admisión del amparo declarando inaplicable al caso el texto del Decreto n° 1023/DE/2010 en su texto original, debiendo aplicarse el Decreto n° 248 del veintitrés de marzo de dos mil once en cuanto permite la actividad deportiva del fútbol hasta las veintitrés y treinta horas. III. Imponer las costas por su orden (art. 130 del C.P.C. y C. por remisión del art. 17 de la Ley n° 4915). Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación y en su mérito, casar la Sentencia número Noventa dictada con fecha veintiuno de junio de dos mil doce por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de esta ciudad. II. Confirmar la admisión del amparo declarando inaplicable al caso el texto del Decreto n° 1023/DE/2010 en su texto original, debiendo aplicarse el Decreto n° 248 del veintitrés de marzo de dos mil once en cuanto permite la actividad deportiva del fútbol hasta las veintitrés y treinta horas. III. Imponer las costas por su orden (art. 130 del C.P.C. y C. por remisión del art. 17 de la Ley n° 4915). Protocolizar, hacer saber, dar copia y bajar.- DR. DOMINGO JUAN SESIN PRESIDENTE DRA.. AÍDA LUCÍA TARDITTI DR. LUIS ENRIQUE RUBIO VOCAL VOCAL DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO VOCAL VOCAL DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI DR. SEBASTIÁN LOPEZ PEÑA VOCAL VOCAL