El Poder Judicial de Córdoba recibió, en el segundo semestre de este año, a 19 estudiantes de la Práctica profesional III del Programa de Enseñanza para la Práctica Jurídica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Las prácticas preprofesionales universitarias tuvieron lugar en 16 oficinas judiciales.
Se incorporaron nuevas oficinas, tales como la Oficina de Expediente Electrónico del Área de Modernización, el Área Archivo del Poder Judicial de Córdoba, el Juzgado de Control y Faltas n° 4 y la Sala Décima de la Cámara del Trabajo.
Continuaron participando en la iniciativa las siguientes dependencias del fuero Laboral: Juzgado de Conciliación y Trabajo de 3ra. y 5ta. Nominación; de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género: Unidad de Jueza de 2da. Nominación TGA NAVFG Capital y Defensoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de Décimo Turno; del fuero Civil y Comercial: Juzgado de 1° Instancia 38° Nominación en lo CC de la ciudad de Córdoba y Defensoria Pública Civil 6 Turno; y del fuero Penal: Defensoría Penal N° 13°.
Por su parte, del área no Jurisdiccional participaron la Oficina de Jurados Populares, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, el Programa de Acceso a Justicia de Sectores Vulnerables (AJuV), el Centro Judicial de Mediación y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ ).
Sobre las experiencias
El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo la reunión de cierre de la práctica en la Facultad de Derecho de la UNC. Este encuentro permitió conocer cuáles han sido los principales aprendizajes adquiridos a lo largo de esta experiencia de práctica. Cada estudiante pudo comentar las principales tareas desarrolladas, lo que permite socializar a todo el grupo información clave sobre el sistema judicial.
En el cierre de prácticas, el grupo de estudiantes agradeció especialmente la oportunidad que brinda el Poder Judicial de tener un espacio de formación, que les haya permitido bajar a la realidad los conocimientos teóricos estudiados a lo largo de la carrera de abogacía. Las diferentes experiencias les permitieron acercarse a la ciudadanía y a actores claves (magistratura, funcionariado y abogados/as de foro).
También, destacaron que en todas las oficinas fueron muy bien recibidos y que los equipos de trabajo fueron muy generosos en la transferencia de conocimientos.
Comentaron que pudieron realizar escritos judiciales, entender de manera más acabada el procedimiento judicial, tener un contacto cercano con la ciudadanía en un lenguaje claro y accesible. Asimismo, destacaron que pudieron conocer realidades muy complejas atravesadas por situaciones de vulnerabilidad social, económica y por la violencia de género. Esto les permitió empatizar con las personas y entender la importancia de la intervención de la justicia.
Entre otras actividades, pudieron participar de audiencias y observar cómo se vinculan las partes durante su desarrollo. Conocieron otra forma de solucionar los conflictos mediante la mediación y sus diferentes procesos. También, pudieron conocer el funcionamiento del SAC y cuestiones técnicas vinculadas con las audiencias y el sorteo de peritos. Además, pudieron desarrollar habilidades para la lectura de jurisprudencia y observar cómo se aplica la perspectiva de género en los fallos.
En conclusión, todas las experiencias fueron muy enriquecedoras y se renueva otro año más de compromiso con la formación de futuros profesionales del Derecho.
Marco institucional de las prácticas
La implementación de las prácticas prepofesionales requiere de un trabajo coordinado que se centraliza en área de Extensión del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”. Para ello, se implementa el Protocolo de trabajo para las prácticas universitarias de grado que, luego de muchos años de experiencia, fue formalizado por el TSJ en marzo del 2025. Allí se ven reflejadas las responsabilidades y actividades de todas las partes intervinientes: universidades, estudiantes y tutores/as institucionales (magistratura, funcionariado y personal judicial). Todo ello, bajo los requisitos fijados por los convenios interinstitucionales vigentes y por la Administración General del Poder Judicial.