Tras la inauguración de los nuevos tribunales de Villa Cura Brochero, Oliva y Las Varillas, el Poder Judicial, por intermedio de la Oficina de Registro Patrimonial, dio continuidad a su política de optimización del uso de los recursos públicos y fortalecimiento de los vínculos con la comunidad como lo establece la Ley 10835.
Cada vez que una sede judicial se traslada a un nuevo edificio, equipado con nuevo mobiliario, se activa un proceso de gestión responsable de los bienes que quedan en desuso. Esta iniciativa consiste en dar una "segunda vida" a los bienes que ya no serán utilizados tras las mudanzas a edificios con equipamiento nuevo. De esta manera, se apuesta por la eficiencia y la sustentabilidad en la gestión pública.
Esta acción se inicia con una selección estratégica del mobiliario: se identifican, se redistribuyen los muebles que aún conservan utilidad para otras sedes judiciales, y aquellos bienes que ya no resultan funcionales para los procesos actuales del Poder Judicial de Córdoba, son ofrecidos a otras reparticiones provinciales, en una primera instancia, luego a instituciones públicas no provinciales y organizaciones sin fines de lucro.
Recientemente, esta política ha tenido un impacto significativo en diversas localidades del interior provincial. En Villa Cura Brochero, se entregaron 139 bienes a 11 instituciones locales. En Oliva, se donaron 97 bienes que fueron recibidos por cinco entidades de la zona. En Las Varillas, se distribuyeron un total de 100 bienes entre siete instituciones. En ese sentido, el 70 por ciento de los bienes tuvo cambio de afectación dentro del Estado provincial y comenzó a ser administrado por el Ministerio de Educación para su utilización en establecimientos educativos públicos. Asimismo, el 30 por ciento restante fue donado a organizaciones sin fines de lucro cómo Apadim Córdoba, Asociación Civil Proa, Bomberos Voluntarios y Remar.
Entre los bienes que reciben una "segunda vida" se encuentran escritorios, sillas, mesas, armarios, estanterías, bibliotecas y ventiladores. Esta reutilización por parte de otros actores sociales no solo representa una apuesta por la sostenibilidad, sino que también refleja el convencimiento de que el trabajo articulado entre organismos del Estado es una pieza clave para construir una sociedad más equitativa.
Desde Registro Patrimonial destacan que esta política de aprovechamiento responsable de los recursos genera un impacto positivo y concreto en las comunidades donde se insertan las sedes judiciales como así también reafirma el compromiso de la institución con acciones solidarias que trascienden la labor jurisdiccional.