› Asesorar en el control de legalidad de la actividad administrativa al Tribunal Superior de Justicia, al Administrador General y a la Secretaría General.

› Realizar el control de legalidad de los acuerdos y acuerdos reglamentarios previo a su firma y protocolización.

› Dictaminar en los recursos jerárquicos planteados contra actos administrativos dictados por la Administración General o sus áreas dependientes; así como en los recursos de reconsideración planteados contra los actos administrativos dictados por el Tribunal Superior.

› Coordinar la defensa en juicio del Poder Judicial.

Las funciones se encuentran determinadas por la Ley Provincial de Legalizaciones de Documentos N° 8.127 que establece que “los documentos originales, constancias certificantes, testimonios y copias de cualquier especie expedidos por los miembros o funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Organismos de la Constitución, Municipalidades, Organismos Autárquicos y descentralizados (artículo 2° del Decreto Ley 14.983 - Ley Nacional n° 14.467), que no sean documentos notariales, serán legalizados por el funcionario que se encuentre a cargo de la función de servicios judiciales en cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia, dependientes del Superior Tribunal de Justicia, a excepción de lo dispuesto en los artículos siguientes” (artículo 1, ley citada). A tales fines se receptan los registros de firmas de los funcionarios de las dependencias que se enumeran