El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo, en representación del Poder Judicial de Córdoba, suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con los ministerios de Justicia y Trabajo, y de Salud de la provincia. Del acto participaron los titulares de ambas carteras, ministros Julián López y Ricardo Pieckestainer, entre otras autoridades.
El convenio tiene como objetivo establecer un marco de colaboración entre las partes para fortalecer la atención integral de las personas privadas de la libertad con problemas de salud, a través de un enfoque interdisciplinario e interinstitucional.
Durante el encuentro, el titular del TSJ enfatizó en que el objetivo central es “garantizar el acceso a la justicia y a la salud” y agregó que este proceso tiende a la humanización de los lugares de encierro cumpliendo con las normas constitucionales que rigen al respecto.
“Las cárceles deben ser lugares para promover la rehabilitación y, en el caso de aquellas personas que padecen enfermedades, el Estado debe desarrollar todas las acciones que sean necesarias para asistirlas”, señaló.
Además, Angulo precisó que a partir del 1° de agosto de 2025 se producirá el traslado de las personas que están alojadas en el Centro Psico Asistencial (CPA) al centro hospitalario construido en el Establecimientos Penitenciario de Bouwer que cuenta con profesionales especializados en salud mental.
El magistrado agradeció especialmente a todos los que vienen trabajando en esta problemática tanto en el Poder Ejecutivo Provincial como en la Justicia de Córdoba, en particular, a los integrantes de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (Ociji).
Entre los objetivos específicos de la medida se encuentran los siguientes:
- La reubicación de los internos actualmente alojados en el CPA hacia el hospital Modular de Bouwer para su atención integral por parte del Ministerio de Salud.
- La cesión del espacio del CPA al Ministerio de Justicia y Trabajo para su uso como anexo del Establecimiento Penitenciario n.° 9.
- La designación de representantes de cada sector para coordinar las acciones tendientes a lograr la consecución de los objetivos planteados.
La firma del convenio refleja el compromiso de un trabajo conjunto para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad.