02 de septiembre de 2025

Nuevo sistema de registro digital para optimizar control y trazabilidad de vehículos secuestrados

Se presentó el sistema GEAS (Gestión de Automotores Secuestrados) que contribuye a la transparencia de la gestión y asignación de depositarios. La prueba piloto inició en septiembre.

El pasado 25 de agosto, la Oficina de Automotores Secuestrados en Causas Penales, dependiente de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presentó el proyecto informático del Registro Único de Vehículos provenientes de Secuestros realizados por Autoridad Pública. La iniciativa fue expuesta ante la Vocal Aída Tarditti, Presidenta de la Sala Penal del TSJ, el Administrador General del Poder Judicial, Luis María Sosa Lanza Castelli, Funcionarios Judiciales, y autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El sistema denominado GEAS (Gestión de Automotores Secuestrados) busca optimizar la trazabilidad de cada vehículo secuestrado en causas penales, centralizar su historial completo y contribuir a la transparencia de la gestión y asignación de depositarios de conformidad a lo que dispone la Ley Nº 10.860 – (modificatoria de la Ley N° 8550).

El sistema permite registrar desde el ingreso del automóvil al depósito judicial hasta su devolución o compactación, incluyendo datos de aseguramiento, multas, ITV, siniestros y reparaciones. Además, genera notificaciones automáticas, reportes y estadísticas confiables para facilitar la supervisión y control de la Oficina.

La implementación del GEAS comenzó en septiembre con una prueba piloto, que incluye la capacitación de personal policial, y se prevé que constituya un avance significativo en la gestión de bienes secuestrados en el marco de causas penales y contravencionales.

La puesta en marcha responde al cumplimiento de la Ley N.º 10.860 (modificatoria de la Ley N.º 8550), que en su artículo 3° crea el Registro Único de Vehículos Secuestrados y en su artículo 5° habilita a la autoridad policial o judicial, instituciones o personas con interés legítimo a solicitar informes sobre ellos.

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