El lunes 9 de marzo se resolvieron las dos primeras causas judiciales tramitadas a través del Sistema Integral de Flagrancia, que fue implementado la semana pasada en la ciudad de Córdoba. Ambos hechos ingresaron a la órbita judicial el 2 de marzo último, el día en que el Tribunal Superior de Justicia puso en marcha este nuevo modelo de gestión de los procedimientos iniciados contra personas aprehendidas cuando están cometiendo delitos o inmediatamente después.

El caso 1 se tramitó en la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF) Sede Sur y su instrucción estuvo a cargo del fiscal Pablo Cuenca Tagle. El lunes 2 de marzo, en horas del mediodía, se produjo la detención de un hombre de 36 años. Ese mismo día se lo imputó como supuesto coautor de los delitos de amenazas y estafa en perjuicio de un trabajador de remis.

El jueves 5 de marzo, con presencia de la defensa penal pública, se llevó a cabo la declaración de la persona imputada. En esa ocasión, el fiscal, la persona imputada y su defensor acordaron la realización de un juicio abreviado inicial. La defensa prestó conformidad para la imposición de una pena de prisión efectiva con declaración de reincidencia y costas. 

La audiencia temprana de juicio abreviado inicial se llevó a cabo el lunes y estuvo a cargo del juez de Control n.° 3 Agustín Cafferata. La decisión adoptada por el juez en el marco de la audiencia se plasmó en la sentencia n.° 13, fechada también el 9 de marzo.

El caso 2 también se tramitó en la UFF Sede Sur. Se dispuso la imputación y detención de un hombre de 26 años como supuesto autor del delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, en perjuicio de un establecimiento educativo de barrio Obispo Angelelli, de la ciudad de Córdoba.

Con presencia de la defensa penal pública, el 3 de marzo se tomó declaración de la persona imputada. En ese momento, el fiscal Cuenca Tagle propuso la suspensión del proceso a prueba y que se imponga por el término de un año la realización de trabajo comunitario en institución de bien pública, la realización de tratamiento para superar su problemática de consumo de sustancias y una reparación económica en favor de la institución educativa. 

El ofrecimiento fue aceptado por el imputado, quien contó con la asistencia letrada del auxiliar colaborador de la Defensa Pública n.° 21, Gonzalo Fernández, y la defensora Pública, Carolina Lerda. 

La audiencia temprana de suspensión de proceso a prueba se llevó a cabo el 9 de marzo bajo y estuvo a cargo del juez de Control n.° 5 Carlos Lescano, quien posteriormente dictó el Auto n.° 60, de fecha 10/3/2026.