Durante un encuentro desarrollado el viernes 12 de junio en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Marta Cáceres de Bollati y la secretaria general Agustina Olmedo presentaron a las máximas autoridades de la República Oriental del Uruguay la política institucional y el modelo de gestión en materia de violencia familiar y por razones de género, puesto en marcha desde la creación de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil.
La reunión se concretó por invitación de la Secretaría de la Mujer de la provincia, a cargo de Claudia Martínez; ya que el modelo de gestión cordobés fue elegido como referente de buenas prácticas. Durante el encuentro, se generó un espacio de intercambio institucional con el TSJ, a través de la Oficina de Coordinación, que cumple un rol estratégico en la articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia familiar y por razones de género.
La delegación fue recibida por el presidente del TSJ, Domingo Sesin, y contó con la participación de la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, Carolina Crosse; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Perla Morales Martínez; y la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mónica Xavier Yelpo.
La visita se enmarcó en el Proyecto de Cooperación Triangular "Fortalecimiento de Modelos de Prevención y Atención Integral para Mujeres en Situación de Violencia: intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Argentina - Polo Integral de la Mujer de Córdoba, Uruguay, Panamá y España", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La iniciativa busca respuestas a la problemática de la fragmentación de los servicios estatales para las mujeres víctimas de violencia, como consecuencia de la dispersión de oficinas y competencias que las obliga a recorrer múltiples instancias para recibir asistencia y realizar denuncias.
La vocal María Marta Cáceres de Bollati compartió los desafíos institucionales y la experiencia provincial en la generación de herramientas articuladas entre los distintos poderes, que permitieron diseñar políticas públicas efectivas en una temática de gran complejidad y trascendencia social, que interpela a seguir en permanente revisión profundizando los esfuerzos en la búsqueda de mejorar la respuesta estatal.
Por su parte, Agustina Olmedo, expuso sobre los avances en gestión desde la creación de la Oficina de Coordinación con la generación de novedosos protocolos para la atención prioritaria y especializada de las causas de violencia, y la modernización de la estructura organizacional en la sede capital, a partir de la creación del Tribunal de Gestión Asociada.
Asimismo, compartió la experiencia de la provincia en la coordinación con los distintos poderes del Estado para la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia. En particular, los circuitos de intervención, los mecanismos de coordinación operativa, los protocolos de actuación, la recepción de las denuncias y la tramitación de la causas de violencia.
La funcionaria destacó la particular transversalidad de los casos al remarcar que, “a partir de su judicialización, no se trabaja solo desde el ámbito judicial; sino que estos casos requieren un abordaje conjunto y articulado con el poder ejecutivo para lograr una respuesta efectiva, esto es, desde los diferentes fueros que pueden intervenir: penal, violencia familiar y de género, familia; con la Policía, el Polo Integral de la Mujer, y en su caso, el Centro Integral para Varones”.
También participaron de la reunión autoridades y referentes institucionales y técnicas de Uruguay que pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Asimismo, formaron parte del encuentro representantes de ONU Mujeres Uruguay, de la asistencia técnica del Proyecto Triangular, de la Coordinación General de la Oficina de la Cooperación Española para el Cono Sur y del Consulado General de España en Córdoba.