El 6 de agosto de 1996, mediante el Acuerdo Reglamentario n.° 328, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo la primera convocatoria a concurso para estudiantes de abogacía interesados en ingresar al Poder Judicial de Córdoba. De esta forma, se inauguró un mecanismo institucional de acceso y promoción de cargos que funcionó de manera ininterrumpida durante 30 años en base a los principios de selección por idoneidad y mérito, igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad.
Como consecuencia de la vigencia del sistema durante tres décadas, en la actualidad, el 93% de las personas que trabajan en el Poder Judicial de Córdoba han ingresado por concurso; con las excepciones previstas por la Constitución de Córdoba, las leyes provinciales y la reglamentación vigente: personas con discapacidad, mejores promedios de las universidades, personal de maestranza, vocales del TSJ, autoridades de la Fiscalía General, la Defensoría General y la Procuraduría General.
Desde 1996 hasta 2026, en total, se concretaron 445 concursos de cargos en la administración de justicia: 100 concursos de ingreso y 354 concursos para acceder a cargos jerárquicos. Asimismo, durante ese período, se registraron 107.882 inscripciones: 33,64% hombres y 66,36% mujeres.
El Régimen de Concurso Público de Cargos se caracteriza por la publicidad de las inscripciones, la difusión de los requisitos y etapas, el anonimato de los postulantes a los efectos de asegurar la neutralidad del tribunal examinador, la eliminación del postulante que pretenda utilizar influencias, los contenidos objetivos de las pruebas de oposición y antecedentes, como así también las posibilidades de recursos administrativos en caso de apartamiento del procedimiento previsto.
El concurso está centrado en pruebas de oposición anónimas. Exige a los estudiantes un promedio para participar en el proceso de selección y un puntaje mínimo para la superar de las pruebas. Estas características posibilitan el ingreso y la promoción de personas idóneas para el desempeño del empleo o la función pública.
El régimen dispuesto por el TSJ afianza la independencia judicial, contribuye a la calidad del estado constitucional de derecho, jerarquiza el empleo público y profesionaliza la función judicial.
Certificación
Cabe destacar que recientemente el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) certificó que la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2015.
La obtención de dicha certificación constituye un hecho de singular relevancia institucional, por cuanto valida, conforme a estándares internacionales, el sistema de gestión que sustenta uno de los procesos más sensibles para la administración de justicia: la selección y promoción de sus recursos humanos. Ello representa una garantía adicional de transparencia y objetividad y reafirma el compromiso del Poder Judicial de Córdoba con la excelencia en la gestión pública.