El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) creó un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil que asesorará a los órganos judiciales y a las áreas administrativas del Poder Judicial de Córdoba en temas relacionados con la clarificación del lenguaje jurídico-administrativo y la comunicación con la ciudadanía. “La finalidad del ente es promover acciones tendientes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente, cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables definidos en las Reglas de Brasilia, así como a la ciudadanía en general”, se detalla en el Acuerdo Reglamentario 1581, Serie “A”.

El Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil tendrá, entre otras, las siguientes funciones: asesorará a los órganos jurisdicciones y a las oficinas administrativas en cuestiones relacionadas con la clarificación del lenguaje; diseñará y elaborará los productos comunicacionales para facilitar la comprensión de la actividad judicial por parte de personas sin formación jurídica y personas pertenecientes a grupos vulnerables; y desarrollará instancias de capacitación sobre clarificación de lenguaje jurídico y elaboración de comunicaciones de lectura fácil.

Asimismo, convocará a especialistas con el fin de ofrecer un asesoramiento específico cuando estuvieran involucradas personas vulnerables y promoverá investigaciones relacionadas con la implementación de nuevas formas de comunicación con los justiciables, los auxiliares de la justicia y la ciudadanía, en general.

En sus fundamentos, el TSJ subrayó la importancia de que las resoluciones, las comunicaciones y las órdenes judiciales sean elaboradas con un lenguaje claro. E insistió en que, muchas veces, resulta pertinente desarrollar párrafos de lectura fácil u otras estrategias de comunicación con los grupos vulnerables, destinatarios de las Reglas de Brasilia, a fin de complementar el proceso de notificación de la resolución judicial.

La iniciativa del TSJ se basa en los compromisos asumidos por los poderes judiciales argentinos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de las personas vulnerables (tales como las Reglas de Brasilia) y en las experiencias de clarificación del lenguaje jurídico que están siendo desarrolladas actualmente a nivel regional, nacional y provincial.