Vehículos secuestrados :: 26/07/2022

Comenzaron ayer las tareas de compactación de vehículos secuestrados

El TSJ dispuso que los trabajos empiecen en el depósito judicial de automotores (Ex Potrero de Bouwer) ubicado en la ruta provincial n°. 36, que concentra la mayor cantidad de rodados.

Comenzó a desarrollarse ayer en el depósito judicial de automotores, conocido como ex Potrero de Bouwer, el proceso de devastación de vehículos y autopartes secuestrados en distintas causas judiciales para su posterior venta como chatarra. Es uno de los diez centros de compactación que hay en la provincia. El proceso se realiza según lo dispone la Ley 10.207.

Por Acuerdo n° 163/2022, Serie “C”, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) aprobó las actuaciones relacionadas con la licitación pública convocada para la “descontaminación, compactación de vehículos provenientes de secuestros y la venta de chatarra, autopartes y/o automotores”. Asimismo,  adjudicó la licitación a la empresa HIERRO S.A. y cumplió así con los procesos previstos por la legislación medio ambiental vigente. 

Con el fin de optimizar el proceso de devastación, se seleccionaron estratégicamente diez establecimientos ubicados en distintos puntos de la provincia, en base a la cantidad de vehículos con las condiciones legales para su compactación. Con este criterio, se comenzaron las tareas en el ex Potrero de Bouwer que acumula la mayor cantidad de rodados. Luego, se proseguirá en los distintos establecimientos ubicados en el interior de la provincia, conforme al cronograma preestablecido.

Por otro lado, el Acuerdo n.° 173/2022, Serie “C”, autorizó a la Oficina de Automotores Secuestrados, dependiente de la Secretaría Penal del Alto Cuerpo, a seleccionar y afectar a personal para desempeñar las tareas a realizarse en el marco de la licitación pública n° 07/2021. El personal supervisará la ejecución de los procedimientos descriptos en el pliego técnico.

Descontaminación
Cabe recordar que en el año 2014 se sancionó la Ley 10.207, con el fin de solucionar un problema de vieja data: la acumulación indiscriminada de material secuestrado en los depósitos de automotores y la necesidad de contar con predios que reúnan las características mínimas necesarias de seguridad y que cumplan con la normativa ambiental vigente. Esta norma establece el procedimiento para la descontaminación y compactación de vehículos provenientes de secuestros concretados por la autoridad pública, así como la de aquellos que se encuentren en depósitos a cargo del Estado provincial. Además, designa al TSJ como autoridad de aplicación de la referida normativa. 

Finalmente, cabe destacar que la mencionada Ley 10.207, en su artículo 8, dispone que “en caso de vehículos provenientes de causas judiciales, la autoridad de aplicación dispondrá de ellos transcurridos tres años contados a partir del efectivo secuestro”.

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