13/05/2025

El TSJ y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura firmaron dos acuerdos de colaboración mutua

Un convenio marco para establecer acciones que contribuyan a prevenir la tortura y otro de aplicación específica para el uso de un sistema informático.

El 9 de mayo, en la sala de Audiencias del Palacio de Justicia I, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba suscribió un convenio de colaboración con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) para establecer acciones que contribuyan a prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la provincia de Córdoba. Además, ambas instituciones firmaron un convenio de aplicación específica para la utilización del Sistema Informático para Prevención de la Tortura (SIPRET). 

Estos instrumentos fueron firmados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis E. Angulo; el defensor General, Pablo Bustos Fierro; y el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal. También estuvieron presentes en la ceremonia los vocales del TSJ Aída Tarditti, Luis Rubio y Jessica Valentini; el fiscal General Juan Manuel Delgado y otras autoridades judiciales. 

Cabe destacar que la Ley n°. 26.827 establece –entre otros aspectos- la obligación de crear un Registro Nacional de Casos de Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles para hacer constar casos referidos a personas en contextos de encierro. Por esta razón, el CNPT desarrolló y aprobó el uso del SIPRET. En función del convenio específico, es que la justicia de Córdoba comenzará a hacer uso de este instrumento con potencialidad para facilitar el tratamiento de la información.

Luego de las firmas, el titular del alto cuerpo agradeció la cooperación del CNPT “por permitir el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar y a fortalecer el uso de la información y también a generar políticas públicas de prevención”.

Por su parte, el presidente del CNPT destacó la trascendencia institucional del evento, “porque tiene que ver con un objetivo que tenemos en común que es el bien común y la defensa de los derechos humanos para la prevención de actos crueles e inhumanos, en esta oportunidad, de las personas en contextos de encierro”. 

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