El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Domingo Sesin; el Defensor General de la Provincia, Pablo Bustos Fierro; y el presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Claudio Puértolas, formalizaron un acuerdo de colaboración interinstitucional destinado a optimizar el sistema de vigilancia electrónica en la provincia.
El convenio surge tras detectar que muchas personas en condiciones legales de acceder a la prisión domiciliaria no podían hacerlo debido a la precariedad de sus instalaciones eléctricas, dado que las tobilleras electrónicas requieren energía continua para su monitoreo y la falta de un medidor adecuado se convertía en una barrera para el ejercicio de este derecho.
Intervención técnica
En el marco del acuerdo firmado esta semana en el Palacio de Justicia I, EPEC se encargará de las siguientes tareas:
• Realizar el relevamiento técnico en los domicilios señalados por el Ministerio Público de la Defensa.
• Instalar o adecuar medidores eléctricos para garantizar la estabilidad del servicio.
• Asegurar que la infraestructura cumpla con las normas de seguridad vigentes.
• Gestionar y coordinar las intervenciones necesarias
Para la ejecución del plan, se designaron además enlaces operativos de cada organismo. Por el Poder Judicial de Córdoba, intervendrá el administrador General Luis Sosa Lanza Castelli; por el Ministerio Público de la Defensa, el defensor Adjunto Pablo Pupich y Silvana Yaryura Montero; y por la empresa energética, Juan Manuel Baggini.
Esta articulación institucional busca garantizar que las condiciones sociohabitacionales no sean un impedimento para el acceso a medidas alternativas al encierro, asegurando así un trato humanitario y la eficacia del control judicial.