El programa diseñado para reducir el volumen de causas pendientes en la Cámara Única del Trabajo de la Capital ha cumplido sus objetivos. Según el último informe de la Oficina de Gestión Judicial del Fuero Laboral, se logró resolver el 91,9% de las 28.197 causas que integraban el stock existente al momento de ponerse en marcha la propuesta.  

Los resultados obtenidos reflejan no solo una disminución drástica del pendiente histórico, sino también una capacidad de respuesta constante frente al ingreso regular de nuevas demandas. Entre julio de 2023 y marzo de 2026, el sistema gestionó un universo total de más de 50.103 expedientes y logró que el 80,2% de ese total general ya se encuentre resuelto. 

Un aspecto fundamental de esta transformación fue la consolidación de la vía conciliatoria, impulsada por la intervención coordinada entre la Cámara Única del Trabajo, la Oficina de Gestión Judicial y la Oficina de Conciliación, lo que permitió que el 61% de los litigios se resolvieran mediante acuerdos entre las partes.

La implementación del proyecto impactó de forma inmediata en la agilidad del servicio de justicia. Mientras que, en 2022, el plazo promedio desde el ingreso de una causa hasta su avocamiento era de 3 años y 6 meses, para el cierre de 2025 este período se redujo a solo 1 año, 1 mes y 13 días. Actualmente, algunas salas de la Cámara ya se encuentran resolviendo expedientes en plazos que oscilan entre los cuatro y seis meses desde su elevación. 

Estos avances se complementaron con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como el sistema de transferencias electrónicas directas y la planilla de determinación de montos, recursos que han fortalecido las competencias del fuero y sentado las bases para prevenir futuras acumulaciones.

Reforma estructural y sostenibilidad del sistema

A partir de estos resultados, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso avanzar hacia una nueva etapa orientada a la sostenibilidad de los logros alcanzados. Esta fase implica una readecuación de la estructura organizativa de la Cámara Única del Trabajo para adaptarla a la realidad procesal de la Ley n.° 10.596. 

La meta es consolidar una nueva forma organizacional basada en la gestión asociada que, atendiendo a las diferencias propias entre las instancias (tribunales de gestión asociada y Cámara Única del Trabajo), adecue dicho modelo a sus particularidades funcionales.