Tras años de trabajo conjunto de diferentes áreas del Poder Judicial de Córdoba, un grupo de familias que viven en Villa El Libertador y en barrio Comercial pudieron acceder a los títulos de propiedad de sus viviendas.
El problema se originó en los años 80’, cuando numerosas familias de esos barrios adquirieron sus lotes y construyeron allí sus viviendas. Pese a haber abonado los terrenos, durante décadas no pudieron acceder a la escrituración definitiva y quedaron involucradas en distintos procesos judiciales.
Entre 2013 y 2014, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia presentó un informe ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General que permitió visibilizar la problemática. En ese documento, la oficina advirtió que no se trataba de incumplimientos contractuales aislados, sino de una situación colectiva de vulnerabilidad social y afectación al derecho a la vivienda.
Dicha presentación dio impulso a una investigación penal radicada en la Fiscalía de Instrucción de 27° Nominación, integrante de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos. Esto implicó el relevamiento y el estudio de unos 4000 expedientes civiles en cuyo marco se ordenó una imputación del responsable de la firma comercial involucrada por diversos hechos de estafa. Posteriormente, la investigación fue ampliada respecto de otros hechos de similares características y se profundizó la investigación con relación a otros sucesos mencionados en la presentación de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia.
En el contexto de dicha causa, luego del rechazo de diversos planteos defensivos, el imputado -junto con su defensa- propuso una solución alternativa a los conflictos prevista en la ley procesal. Concretamente, ofreció la escrituración de los inmuebles oportunamente vendidos o, de no ser posible, una suma de dinero; también propuso desistir de todos los procesos civiles iniciados y relacionados a la operatoria originaria. Estos, incluían no sólo demandas de resolución de contratos o de escrituración; sino también incidentes de regulación de honorarios, ejecutivos por cobro de pagarés, entre muchos otros.
Una solución construida de manera conjunta
La solución alcanzada fue posible a partir del trabajo conjunto entre distintos organismos públicos y las partes del conflicto. En esta primera etapa, la escrituración se instrumentó a través del programa “Tu casa, tu escritura”, de la Municipalidad de Córdoba, que permitió avanzar con los trámites necesarios para que las familias accedan a sus títulos de propiedad.
Además de las primeras 17 escrituras, el proceso permitió alcanzar 12 acuerdos de conciliación y reparación mediante los cuales se desistió de acciones y reclamos civiles contra las familias de esos barrios. También se concretó una reparación económica compensatoria en un caso particular y se avanzó en el levantamiento parcial de inhibiciones que impedían concretar las escrituras.
De este modo, los acuerdos alcanzados permiten resolver decenas de expedientes civiles —ordinarios, ejecutivos y regulaciones de honorarios— que tramitaron en distintos juzgados de la ciudad de Córdoba y que eran derivados de aquéllos iniciados por resolución de contrato de compraventa por falta de escrituración.
El trabajo en territorio
Una de las características de este proceso fue el trabajo directo con las familias. La atención se trasladó al barrio y se realizaron convocatorias individuales para acompañar a los vecinos en las distintas etapas del trámite. Trabajo que se realizó con el importante apoyo de la Dirección de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.
También resultó fundamental la recuperación de documentación histórica por parte del Archivo del Poder Judicial, la colaboración del Registro Civil de Córdoba y el acompañamiento de las Defensorías Públicas de Salta y Jujuy para obtener partidas necesarias para los trámites sucesorios.
En aquellos casos en los que los adquirentes originales habían fallecido, se articuló con las Defensorías Civiles de Córdoba para facilitar el inicio gratuito de los trámites de declaratoria de herederos y posibilitar que esas familias puedan incorporarse a una segunda etapa de escrituración.
Una respuesta que trasciende los expedientes
El proceso penal iniciado hace más de una década permite que familias que durante años habitaron sus viviendas sin contar con la seguridad jurídica sobre la propiedad comiencen finalmente a acceder a sus escrituras merced al acuerdo conciliatorio presentado y tramitado ante la Fiscalía de Instrucción interviniente.
La experiencia da cuenta de la importancia de abordar las problemáticas de manera integral, desde una perspectiva de derechos humanos y mediante la articulación entre las distintas instituciones que pudieron contribuir a su resolución.