El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia pusieron en marcha un plan piloto destinado a acelerar el tratamiento de los casos de flagrancia, es decir, aquellos en los cuales la persona es detenida al momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito. 

Este plan piloto, que comenzó a implementarse en septiembre y se extenderá hasta fines de noviembre, introduce un enfoque basado en la realización de audiencias tempranas para acelerar los procedimientos judiciales y simplificar el proceso penal. Durante este período se busca poner a prueba una metodología de abordaje de dichos casos a partir de situaciones reales ocurridas en la ciudad de Córdoba. 

Las primeras experiencias arrojan resultados más que alentadores. Entre el 80% y el 90% de los casos se resolvieron con acuerdos que implican sanciones de prisión, o bien, trabajo comunitario para delincuentes primarios que cometieron delitos muy leves. La resolución de los casos se da en los primeros días de producido el hecho y la detención del responsable.

La iniciativa surge del Proyecto Interinstitucional para el Diseño y la Mejora del Sistema Integral de Flagrancia, elaborado en forma conjunta por el TSJ y el Ministerio Público Fiscal. A través de este plan, se intenta mejorar la eficiencia del sistema judicial mediante la implementación de un circuito de trabajo que permitirá la resolución temprana e integral de casos.

Entre sus pautas principales, se destacan los principios de simplicidad y celeridad, para lo cual se han diseñado modelos estandarizados para los actos procesales claves y un esquema que promueve las audiencias orales. La iniciativa busca proporcionar respuestas más rápidas y simplificar las instancias del proceso, sin dejar de lado los derechos procesales de todas las partes.

El plan piloto contempla la resolución de quince casos de flagrancia a partir de salidas graduales y tempranas del conflicto: la suspensión de juicio a prueba, el juicio abreviado inicial con pena de ejecución condicional y el juicio abreviado inicial con pena de ejecución efectiva.

El circuito de trabajo será responsable de gestionar los casos seleccionados, así como también de la búsqueda de soluciones integrales y graduales para cada situación. Este equipo de trabajo está compuesto por actores de diferentes áreas como el Ministerio Público Fiscal, Defensa Pública y Juzgados de Control.

Por el Ministerio Público Fiscal, participan los fiscales de instrucción Lourdes Quagliatti, Iván Rodríguez y Horacio Vásquez, junto con Bruna Sciola, directora del Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas en Flagrancia (CRPPA), y los ayudantes fiscales y empleados del CRPPA. 

Por la Defensa Pública, estarán Carolina Lerda y Martín Cafure, ambos defensores públicos oficiales; finalmente, por los Juzgados de Control, intervendrán la jueza Laura Barale, y el juez Juan Manuel Fernández López, junto con sus respectivos equipos de trabajo.

Al finalizar el período de prueba, este circuito de trabajo analizará los resultados para evaluar el impacto en los plazos de detención provisional, la tasa de resolución de los casos, las cargas de trabajo, y la satisfacción tanto de las víctimas como de las personas imputadas.