Mediante el Acuerdo Reglamentario n.º 1910, A/2025, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó el Protocolo de actuación para el acceso a la justicia en casos que involucran la diversidad sexual y de género. Se trata de una herramienta elaborada en el marco del Programa AJuV de investigación-acción para el acceso a justicia de sectores en condición de vulnerabilidad, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial.

El documento tiene como finalidad brindar un material de consulta diaria para todo el personal judicial, sin distinción de fueros y funciones, que garantice la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y promueva la erradicación de barreras para el acceso a justicia de sectores que han sido históricamente discriminados por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género.  Asimismo, aporta reglas de actuación para audiencias, entrevistas, notificaciones, actos procesales y redacción de resoluciones.

El proceso de elaboración del Protocolo fue ampliamente participativo y colaborativo. Involucró al equipo de investigación-acción AJuV y al comité de evaluación jerárquica compuestos por personal judicial de capital e interior. También contó con la participación de actores de la sociedad civil, organizaciones especializadas, representantes del ámbito académico y áreas del Poder Judicial como la Oficina de la Mujer, el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil y la Oficina de Comunicación, entre otras.

Además de tomar razón y aprobar el documento, el TSJ resolvió instar al personal judicial a considerar y adoptar las buenas prácticas contenidas en el Protocolo, incorporarlo como parte de las instancias formativas obligatorias e integrarlo como material de evaluación en concursos de ingreso y promoción en el Poder Judicial.

Esta iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por el Poder Judicial con la aplicación efectiva de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y con los mandatos legales locales e internacionales asumidos por el país y la provincia en la temática. 

La implementación del Protocolo representa un paso concreto hacia una justicia cercana y libre de discriminación.