La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado contra el fallo dictado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12° Nominación, que declaró agotada su competencia y, en consecuencia, la falta de jurisdicción para resolver la cuestión planteada.

Con anterioridad, la misma cámara había condenado al acusado a pena de prisión por los delitos de comercialización de estupefacientes doblemente agravada y tenencia ilegal de arma de guerra 

Durante la investigación preparatoria, el imputado había celebrado un acuerdo de colaboración con la fiscalía en los términos del régimen del imputado arrepentido. Dicho acuerdo fue homologado por el juzgado de control, pero al momento del juicio el tribunal que dictó la condena no tenía conocimiento de ese acuerdo. Posteriormente, cuando ya estaba firme la sentencia, el juzgado de control realizó la audiencia de corroboración prevista legalmente y confirmó la veracidad y relevancia de la información aportada por el condenado.

Con base en esa decisión, la defensa solicitó ante la cámara que había dictado la condena la reducción de la pena por aplicación del beneficio previsto para los imputados colaboradores, que permite disminuir la escala penal en términos similares a la tentativa. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que su competencia había quedado agotada con la sentencia firme.

La Sala Penal del TSJ -integrada por los vocales Sebastián Cruz López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati- entendió que esa decisión estaba indebidamente fundada. En este sentido, señaló que, aunque la sentencia condenatoria estuviera firme, la posterior corroboración judicial del acuerdo de colaboración constituye una razón legal que habilita la modificación de la pena mediante un incidente de ejecución.

El TSJ destacó que, en estos casos, corresponde que la nueva individualización de la pena sea realizada por el mismo tribunal que dictó la condena, en aplicación del principio de paralelismo de las competencias. Según este criterio, el órgano que fijó originalmente la pena es el más adecuado para revisarla cuando surge una circunstancia posterior que exige adecuarla.

Asimismo, el TSJ consideró que exigir la interposición de un recurso de revisión implicaría un trámite innecesariamente complejo y contrario a los principios de celeridad y eficacia que inspiran el régimen del imputado arrepentido.

Por estos motivos, la Sala Penal hizo lugar al recurso de casación, anuló la resolución impugnada y ordenó remitir el expediente al tribunal de origen para que tramite el incidente y determine la nueva pena conforme a la escala reducida prevista por la ley.

Causa: “Incidente en relación a los autos ‘XXXXX y otros p.ss.aa. comercialización de estupefacientes agravada, etc.’. - Recurso de casación”.

Fecha: 5 de marzo de 2026.

Resolución: Sentencia n.° 76.