El martes 23 de diciembre el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo, y la ministra de Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero, firmaron un convenio para la implementación de la ley n.° 10.962, denominada “Sonia Torres”, que establece la capacitación obligatoria para el personal del Poder Judicial de Córdoba, en materia de derechos humanos. 

Angulo expresó que “el Estado argentino está en deuda con respecto a la violación de los derechos humanos y, puntualmente, con el caso de Sonia Torres. Siento un gran dolor porque su situación no fue resuelta.”

Pero, por otro lado, sostuvo: “me llena de satisfacción que estemos sellando este compromiso. Esta ley concreta los postulados de memoria, verdad, justicia y el instrumento que hoy firmamos, sin ninguna duda, tiende a fortalecer y consolidar las instituciones, la democracia y la República".

Por su parte, Liliana Montero puntualizó que: “en épocas de negacionismo, sostener una norma como la ley Sonia Torres y la decisión de hacerla obligatoria para nuestros trabajadores públicos, habla de un compromiso; un compromiso que comprende no solo a un gobierno, sino a las distintas gestiones que eligieron sostener en el tiempo las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Acompañaron la firma del convenio las vocales del TSJ Aída Tarditti y Jessica Valentini, el defensor público Wilfrido Pérez, a cargo de la oficina de DDHH y Justicia. Por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, además de la ministra, participó la secretaria de DD.HH., Tamara Pez, entre otros funcionarios gubernamentales y judiciales.