A partir del 2 de noviembre de 2026, los juzgados de la sede judicial de San Francisco comenzarán a tramitar las demandas por enfermedades profesionales rechazadas por la Comisión Médica Jurisdiccional a través del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) laboral.
La medida fue establecida mediante el Acuerdo Reglamentario n.° 1953 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y comprenderá a aquellas causas cuya contingencia, hecho generador, relación causal o calificación médico-legal sea posterior a la entrada en vigencia del nuevo supuesto.
Esta decisión institucional responde al esquema de implementación gradual del PDA, previsto por la reforma procesal laboral (Leyes n.° 10596 y n.° 10676) desde abril de 2020. Dicha normativa facultó al TSJ a extender progresivamente las hipótesis comprendidas en el artículo 83 bis de la Ley n.° 7987 y su aplicación territorial.
La ampliación de este modelo se fundamenta en el impacto positivo alcanzado en la celeridad de los procesos y en la resolución consensuada de los conflictos. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Gestión Judicial del Fuero Laboral, los litigios tramitados por PDA registran una duración promedio de apenas 184 días corridos desde el inicio hasta la sentencia.
Asimismo, el procedimiento, sostiene la tasa de conciliación más alta del fuero, con un 54,4% de casos resueltos por acuerdo, y alcanza niveles de satisfacción superiores al 85% entre los ciudadanos y al 93% entre los profesionales litigantes.
PDA en el interior
La implementación del PDA en el interior provincial se inició formalmente en los juzgados de Río Cuarto, Villa María y San Francisco, extendiéndose luego a Laboulaye, Oliva, La Carlota, Huinca Renancó, Villa Cura Brochero y Bell Ville.
Con la nueva resolución del Alto Cuerpo, San Francisco se convertirá en la primera sede judicial, además de Capital, en habilitar la tramitación completa del inciso “k” para incluir las enfermedades profesionales. Esta iniciativa se replicará de manera paulatina en las demás sedes con competencia laboral especializada.
De esta forma, se consolida una política institucional orientada a brindar un servicio célere y humano, reduciendo los tiempos del proceso, mejorando el acceso a la justicia y afianzando la conciliación como herramienta eficaz para la solución de los conflictos laborales.